Por Victoriano Martínez
Ha pasado una semana de la tragedia en el antro Rich, en la Plaza Alttus, con saldo de dos jóvenes muertos y una cifra de heridos que se ajustó a ocho, y las autoridades estatales y municipales aún no salen del asombro que los ha anclado en buscar justificaciones tan irracionales que sólo exhiben la magnitud de su negligencia.
“La tragedia en el antro Rich ha sacado a la luz la precaria situación de la Dirección de Comercio Municipal, planteando la necesidad urgente de tomar medidas para prevenir futuros incidentes”, expresó el regidor Gustavo Mercado Garay, presidente de la Comisión de Comercio del Cabildo, que se declaró en sesión permanente a siete días de la tragedia.
Mercado Garay se equivoca. Él mismo señaló en la reunión que el director con licencia de la Dirección de Comercio, Jorge García, ya había alertado sobre la situación, especialmente sobre la falta de personal para realizar las inspecciones.
Si algo exhibió la tragedia es que, a pesar de conocer las deficiencias, fueron incapaces de darle la importancia debida para considerarla desde entonces como una necesidad urgente. No haberlo hecho resultó una actitud criminal en la que los dos jóvenes que murieron y los ocho lesionados, cuatro en condiciones graves, fueron sus víctimas.
¿Qué tanto esa presunta falta de personal (una plantilla de 60 inspectores) les impidió conocer el número de establecimientos y sus ubicaciones como primer paso para programar rondines de verificación?
No es que se pretenda indicar que eran suficientes para la supervisión de más de 600 negocios entre centros nocturnos, bares y antros en toda la capital, sino que pudieran contar con estrategias que establecieran prioridades para reconocer y clasificar situaciones de riesgo.
¿Cómo les pasó inadvertido un evento tan publicitado como el del Rich, si es a lo que se dedican, y es de suponer que mantienen un monitoreo constante como medida preventiva?
Durante la pasada administración municipal se puso en operación un ejercicio de transparencia mediante una plataforma digital que entonces se llamó Visor Urbano, con seis apartados de información, y que en esta administración cambió de nombre a San Luis Virtual, se mutiló a solo cuatro apartados y dejó de actualizarse la información.
El Visor Urbano permitía consultar en formatos abiertos información sobre seis grandes áreas de la administración pública municipal: avances de obras (incluido el bacheo), seguimiento de quejas ciudadanas, equipamiento, rutas de recolección de basura, fallas geológicas y comercios.
El dato resulta relevante, porque en el caso de Comercio, se podían consultar la totalidad de los establecimientos comerciales en la ciudad, clasificados por giros Blancos, Medios, de Venta de Cerveza y giros Industriales, con información que se podía descargar completa en un archivo Excel.
Hoy todavía aparece esa información en la aplicación San Luis Virtual, pero no se ha actualizado y no es posible descargarla. Se trata de un indicador que exhibe una de dos: (1) o ya no se trabajó en mantener actualizado el padrón de negocios y (2) o sí cuentan con ese padrón actualizado y no le dan uso para programar la supervisión y prevenir riesgos.
La información existía y era pública, cualquiera la podía consultar.
Hoy no se sabe si existe, y si es por la primera de las dos alternativas señaladas dos párrafos atrás, por más que contraten muchos supervisores de poco serviría, sobre todo si la primera reacción del secretario del Ayuntamiento fue afirmar que “el antro no contaba con licencia de funcionamiento vigente, por lo que no se pudieron hacer verificaciones preventivas”.
Algo así como “no aparece en nuestro padrón, no podemos ir a realizar una verificación preventiva”. Y si se trata de un padrón que no se actualiza, el riesgo se vuelve mayor.
Se mantienen bajo asombro y otro efecto es haberse declarado en sesión permanente y pronunciarse por “reforzar las acciones de inspección y supervisión, de manera conjunta con las instancias del Gobierno del Estado, como la Dirección de Gobernación y Protección Civil, para evitar que este tipo de establecimientos operen al margen de la legalidad y sin las medidas de seguridad necesarias”.
El artículo 11 del Reglamento para el Ejercicio de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicio establece la obligación de “coordinarse con las demás autoridades relacionadas con el funcionamiento de los establecimientos que desempeñen actividades comerciales, industriales y de prestación de servicios”.
Seguramente al utilizar la palabra “reforzar” pretenden hacer creer que existía coordinación y ahora tendrá que ser mayor, pero un dato en el comunicado CSA_4151 da cuenta de que coordinados coordinados no estaban:
“El funcionario (Hernández Delgadillo) expuso en la mesa que no es posible que el lugar donde fueron los hechos cuente con un permiso de venta de alcohol, expedido en abril por la Dirección de Gobernación, cuando no satisfacía las condiciones de protección civil señaladas por el Estado”.
Todo indica que aún no salen del asombro y están en una etapa de negación en la que, lejos de coordinarse, no han dejado de intercambiar culpas. ¿Cuánto tardarán en reaccionar con mayor responsabilidad, adoptar las medidas necesarias y contribuir a que se haga justicia a las víctimas?
