Por Victoriano Martínez
La protección y garantía de los derechos de los estudiantes de medicina en la Universidad Potosina no recae exclusivamente en los propietarios de esa institución, sino también en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), como ente rector del Sistema Educativo Estatal, del que ese centro educativo forma parte.
De acuerdo con la fracción VIII del artículo 18 de la Ley de Educación del Estado, “las instituciones de los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE)” forman parte del Sistema Educativo Estatal.
La Universidad Potosina, hoy cuestionada por sus estudiantes, cuenta con dos registros de reconocimiento que, según reporta la SEGE, fueron suspendidos a partir del 18 de abril. Se señalan con “suspensión temporal del servicio educativo”, lo que en sentido estricto significa que no ha dejado de formar parte del Sistema Educativo Estatal.
En consecuencia, la SEGE debió tomar medidas que la propia Ley indica para garantizar la certeza educativa de los estudiantes y una de esas acciones es cumplir con una inspección de vigilancia cuando menos una vez al año (artículo 137) para verificar el cumplimiento de los requisitos para impartir los programas de estudio.
Desde la publicación de las alternativas de estudios universitarios “Opciones de Educación Superior en el Estado de San Luis Potosí”, correspondiente al ciclo escolar 2023-2024, la SEGE ya no incluyó ni la carrera de medicina ni la de gastronomía en la Universidad Potosina, lo que indicaba algún problema con el RVOE, a menos que haya sido una omisión de otro tipo.
Si la Universidad Potosina no fue incluida con esas carreras en las opciones de educación superior por alguna dificultad con el RVOE, desde entonces la SEGE debió tomar medidas que protegieran a los estudiantes. Si la medida precautoria señala una suspensión y no el retiro del RVOE, se entiende que cuenta (o debería contar) con prevenciones a favor de los estudiantes.
Se trata de una serie de circunstancias por las que lo que hoy aparece como una acción fraudulenta por parte de la Universidad Potosina de avenida Carranza no podría ocurrir sin omisiones graves por parte de la autoridad educativa o, lo que sería peor, con cierto grado de tolerancia o hasta complicidad.
La actitud de Arturo Segoviano García, rector de la Universidad Potosina, de condicionar la devolución de los papeles de los estudiantes al pago de dos mil pesos por la baja tiene una apariencia caricaturesca del afán mercantilista de esa universidad privada: si crece la demanda de bajas, es oportunidad para subir el precio.
Una postura ante la que los funcionarios de la SEGE presentes en la manifestación de ese condicionamiento, según la versión disponible de los asistentes a la reunión del día de ayer, aparentemente no realizaron ninguna manifestación.
La fracción XXII del artículo 138 de la Ley de Educación señala como infracción “retener documentos personales y académicos por falta de pago”, en tanto que en el artículo 139 establece como sanción para esa falta una multa de mil a siete mil Unidades de Medida y Actualización y, en caso de reincidencia, el retiro del RVOE.
La forma en que el conflicto en torno a la validez de los estudios en la Universidad Potosina de avenida Carranza deja ver que también hay algunas omisiones por parte de la autoridad amplía la relevancia que tienen la afirmación de Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la SEGE otras cinco instituciones de educación superior particulares que no cuentan con RVOE.
La SEGE no tomo medidas preventivas para evitarle problemas a los estudiantes que hoy protestan en el caso de la Universidad Potosina. ¿Será hasta que los estudiantes de esas otras cinco universidades se topen con la realidad de haber perdido su tiempo en cursos sin validez oficial y protesten que se intenten medidas ante daños consumados?
