Carlos Rubio
Ya pasaron 12 días desde la tragedia en el antro Rich de San Luis Potosí que dejó a dos jóvenes muertos y otros más heridos, algunos de los cuales siguen graves en el hospital. Salvo el show mediático que armaron el gobernador y demás autoridades con los detenidos y la clausura de otros bares, es increíble que, a estas alturas, un hecho que cobró dos vidas inocentes no merezca el cese de funcionarios y el anuncio de una profunda investigación al interior del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de la capital por las obvias omisiones que se cometieron en la entrega de permisos e inspección al lugar.
El pasado lunes ya fueron detenidas tres personas, presuntamente dueñas del antro, aunque si algo hemos aprendido de los casos mediáticos y la muy infame política potosina es que, probablemente, las consecuencias no rebasen el pago de una multa, la reparación de daño y el linchamiento nacional a través de medios de comunicación y redes sociales.
La Fiscalía buscará probar que se cometieron los delitos de homicidio culposo en comisión por omisión, corrupción de menores de personas que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho o personas que no tienen la capacidad de resistirlo en grado de tentativa e incumplimiento a normas de operación o funcionamiento.
Finalmente será un juez quien determine la sanción a los involucrados, pero en el historial de la Fiscalía, que ha servido como otra oficina más del gobierno estatal, ya se encuentra un historial de muy altas expectativas que terminan en poco y nada.
El caso de El Tiburón quizá sea el más recordado. En la audiencia inicial, la Fiscalía estimó una sentencia de 12 hasta 50 años de cárcel; lo cual, en voz de infinidad de abogados penalistas, era prácticamente imposible. La sentencia terminó siendo de tres años y seis meses en prisión, lo cual le permitió al agresor acceder a la sustitución de la pena para cumplir con el mandato en casa.
En esta ocasión la institución debería ser más cautelosa respecto al manejo mediático, al menos por las víctimas mortales y sus familias.
Lo más importante es que la cadena de detenidos no puede parar aquí. Si bien la tragedia ocurrió por el descontrolado aforo en un evento en el antro Rich y la falta de medidas de seguridad, el hecho no fue dentro del local, sino afuera, en la Plaza Alttus.
Hay dueños de la plaza que permitieron que se instalara el antro ahí y que, durante quién sabe cuánto tiempo, no hicieron nada en contra de la entrada de menores de edad que consumían alcohol.
Hay inspectores que acudieron al lugar a verificar que se cumplieran con los lineamientos de seguridad necesarios y que, además, seguramente realizaron visitas mientras el antro estaba en operaciones para “vigilar” que todo estuviera en orden.
Hay funcionarios que entregaron y firmaron los permisos requeridos para que el Rich y los otros antros clausurados propiedad de los hoy detenidos pudieran operar.
La corrupción mata, y aquí hay toda una cadena de irregularidades y omisiones que no puede quedar impune.
En cualquier lugar del país ya habría mínimo un funcionario despedido o tan si quiera suspendido para evitar que interfiera en las investigaciones que ya deberían estarse realizando. Pero aquí no, porque esto es San Luis Potosí, tierra de la impunidad, del favoritismo y de los acuerdos.
Aunque desde el ámbito estatal se ha tratado de inclinar la balanza de culpabilidad hacia el Ayuntamiento capitalino, ha sido difícil para el gobernador deslinar a su administración, cuya Coordinación Estatal de Protección Civil y Dirección de Gobernación también están involucradas en la entrega de permisos y supervisión de este tipo de negocios.
Ojalá que esa culpabilidad compartida no termine por convertirse en un pacto de impunidad que permita a las dos administraciones salir sin daños a su interior.
Bien le vendría al gobernador dejar ese ánimo protagonista al anunciar detenciones, tan si quiera por un mínimo respeto para las víctimas. Alguien le debería de recordar que aunque ya hayan pasado días, se sigue tratando de una tragedia de la cual no debería estar sacando ventaja política.
Por cierto, a estas alturas, ¿dónde está el alcalde reelecto?
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es jefe de información de Astrolabio Diario Digital, con interés y experiencia en Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. Formó parte de la tercera generación del MásterLab en edición de investigaciones organizado por Quinto Elemento Lab.
