Maria Ruiz
Ante el incremento de casos de acoso escolar y abuso sexual en los entornos educativos, la Instancia de las Mujeres de la capital de San Luis Potosí ha decidido implementar nuevos protocolos para atender y prevenir estas situaciones.
Guadalupe Almaguer Pardo, titular de esta instancia, anunció la medida tras identificar que estos casos representan la cúspide de una escala de violencias que frecuentemente comienzan en el hogar que afectan especialmente a las madres de familia.
“El acoso escolar y el abuso sexual son problemas prevalentes en todas las escuelas y niveles educativos del estado. Nuestra instancia recibe constantes solicitudes de asesoría y acompañamiento para casos extremadamente graves de bullying y abuso, tanto entre alumnos como perpetrados por maestros y, en menor medida, maestras”, señaló Almaguer Pardo.
Explicó que los datos recopilados por la institución revelan que más del 80 por ciento de las alumnas de secundaria, preparatoria y universidades, tanto públicas como privadas, han sido víctimas de acoso sexual, predominantemente por parte de maestros que abusan de su posición de autoridad, por lo que han proporcionado apoyo a las víctimas, con acompañamiento inmediato y asesoría legal.
Sin embargo, Almaguer Pardo enfatizó en la necesidad de una política pública integral a nivel estatal y federal para abordar eficazmente esta problemática.
“Mientras no exista una política pública integral desde el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal, no se podrá abarcar todo lo que se debe. Hemos trabajado con diversas áreas de la Secretaría de Educación, pero la falta de coordinación y compromiso ha llevado a una situación de impunidad inaceptable,” expresó.
Los casos más graves no solo involucran a estudiantes, sino también a madres de familia que han sido acosadas sexualmente por directores de escuelas.
En algunos casos, la negativa de estas madres a las insinuaciones resulta en represalias contra sus hijos e hijas, lo que agrava aún más la situación. Almaguer Pardo destacó los desafíos en obtener justicia y el constante “peloteo” entre instituciones, lo que dificulta el apoyo y la protección a las víctimas.
Almaguer Pardo aseguró que la falta de respuesta y acción efectiva por parte de las autoridades ha perpetuado un estado de impunidad que agrava la situación de violencia contra las alumnas en el ámbito educativo.
La implementación de estos nuevos protocolos busca ser un paso firme hacia la erradicación de estas violencias y la creación de un entorno escolar seguro y respetuoso para todos los estudiantes.
