Estela Ambriz Delgado
El presidente del Consejo Hídrico Estatal, Jonathan Abraham Quintero García, consideró que la iniciativa para desaparecer al Interapas debe ser analizada con cautela, y en caso de ser aprobada contar con el consenso ciudadano, de especialistas, y del ámbito académico, no únicamente con el sector político que disputa el poder por el manejo del agua contra otro.
Además, dijo que se debe desarrollar un plan de gestión de los tres municipios a los que el organismo presta el servicio –San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro—, pues al abastecerse de un mismo acuífero, separar las gestiones puede representar grandes desventajas y conflictos.
Quintero García indicó que es necesario tomar con reservas la propuesta legislativa, puesto que si bien el Interapas históricamente ha sido un foco de corrupción para las distintas administraciones locales, y grupos privados empresariales e industriales que se han visto favorecidos por la mala gestión del agua, la iniciativa debe ser analizada con cautela y evitar que recaiga en una acción de disputa partidista, como se ha visto durante estos últimos meses de crisis y sequía.
Además, señaló que tanto la Comisión Estatal del Agua (CEA) como el Ayuntamiento de la capital no se han visto realmente interesados en desarrollar acciones que resuelvan el problema de fondo, y atender las raíces del problema que recaen en el propio modelo de gestión ineficiente, caracterizado por ser impositivo, tecnocrático y que se atiene únicamente al aspecto de la infraestructura.
El también investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) puntualizó que ambas autoridades han dejado de lado otros enfoques sobre el agua, son herméticos a la participación ciudadana y de la academia especializada de diversas disciplinas en torno al tema; además de que insisten en continuar con un modelo de desarrollo urbano especulativo e insostenible, así como el crecimiento industrial no apto para las condiciones naturales de la región.
Asimismo, dijo que esta falta de atención de fondo al problema por parte de los gobiernos estatal y municipal, ha derivado únicamente en disputas partidistas que han generado costos externos para la población, en particular en los sectores vulnerables que padecen de tandeos o de la carencia total del recurso.
Quintero García consideró que ante este panorama, es importante considerar las principales premisas arrojadas por estudios en el tema, como el que la privatización del servicio no es una opción favorable para la ciudadanía, por ningún motivo y bajo ningún mecanismo, ya sea de concesión o derechos de agua, pues estos modelos suelen acrecentar las brechas de desigualdad en el acceso al agua, así como incentivar la corrupción, el favoritismo por ciertos sectores y el hermetismo en torno al manejo del recurso.
Respecto a la posibilidad de que la CEA tome las riendas del servicio de manera temporal, para posteriormente ceder el manejo del agua a cada municipio, el presidente del Consejo precisó que es importante saber que separar las gestiones municipales que se abastecen de un mismo acuífero puede representar grandes desventajas y conflictos para brindar un servicio eficiente.
En este sentido sugirió que se tendría que desarrollar un plan de gestión del agua entre San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro, ya que los tres municipios y sus cabeceras se abastecen del mismo acuífero, y la forma y cantidad en que se extraiga agua del acuífero en cualquiera de sus partes afectará a las demás, aunado al hecho de que cuentan con infraestructura y condiciones diferentes.
Finalmente, apuntó que se deben fiscalizar los pagos y terminar de cobrar las cuentas pendientes de los grandes deudores, como la principal refresquera de la ciudad, del sector público e industrial, y verificar la deuda que se tenía por la concesión de la empresa Aguas del Poniente Potosino, entre otros puntos importantes que corren el riesgo de desaparecer junto con el Interapas.
“Si se ha de aprobar la desaparición del Interapas, que sea el consenso ciudadano, especialistas no solo de corte técnico, el sector académico quien debería formar parte del proceso, y no únicamente un sector político que disputa el poder por el manejo del agua contra otro junto con el sector industrial, que suele estar involucrado de manera constante y estrecha en decisiones en torno a la gestión de los recursos hídricos”.
