Fernanda Durán
Justo al día siguiente de que le concedieran el indulto, Sanjuana Maldonado Amaya acudió al Congreso del Estado para entregar una iniciativa de ley con el objetivo de regular esta medida de gracia en San Luis Potosí, denominada Ley Sanjuana.
Acompañada de su familia, colectivos, activistas, abogados y amigos, arribó al Congreso la mañana de este viernes 21 de junio junto al abogado José Mario de la Garza Marroquín, quien también aparece como promotor de la iniciativa.
De la Garza Marroquín explicó que la Ley Sanjuana abre la posibilidad de generar un análisis exhaustivo por caso bajo un protocolo acorde al respeto de los derechos humanos como lo requirió Maldonado Amaya, con perspectiva de género, por ejemplo.
Aclaró que el indulto sería a través de peticiones de las personas a fin de que sus casos sean analizados a detalle. En cuanto al temor del Legislativo de tocar facultades del Poder Judicial, aseguró que hay situaciones o temas que deben analizarse y pueden corregirse.
“Nosotros somos respetuosos de ello, pero entendemos que hay casos que se tienen que revisar como en todos los países que tienen un sistema donde se revisan las cosas. Se revisa si hay una violación a derechos humanos y se corrige”.
Si bien no hay un censo de casos similares al de Sanjuana en donde haya violaciones a derechos humanos, reconocieron que sí existen y por ahora le pedirán a ella que contribuya a identificar a las personas que requieran el apoyo, pues durante sus 15 años en prisión conoció a diversas mujeres que pasaron por lo mismo.
Los promoventes esperan que la iniciativa sea analizada a fondo por las y los diputados y, en su caso, hagan las correcciones correspondientes.
“Al ser el indulto la única figura jurídica que nos queda después de la deficiente impartición de justicia de la que hemos sido objeto, creemos firmemente que esta ley ayudará a muchas personas que, como yo, hemos sido sentenciadas injustamente y que tenemos la esperanza de reconstruir nuestro proyecto de vida en libertad”, expresan en la exposición de motivos.
De acuerdo con la propuesta legislativa, las entidades que cuentan con regulación del reconocimiento de inocencia en sus códigos penales se encuentran las que establecen requisitos y procedimiento como Aguascalientes, Baja California, Michoacán, Quintana Roo y Sinaloa.
Otras entidades no refieren el reconocimiento de inocencia, sino que más bien hablan de absolución o anulación de la sentencia, entre los que se encuentran Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Un pequeño grupo establece un procedimiento y la reparación del daño para quien haya sido víctima de encarcelamiento siendo inocente, como Chiapas, Guerrero y Querétaro.
Mientras que las entidades de Campeche, Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán, se restringen a señalar que se realizará en conformidad con lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Dos entidades no contemplan el reconocimiento de inocencia en su Código Penal: Estado de México y Nayarit.
Mientras que San Luis Potosí es el único estado que reconoce la atribución del reconocimiento de inocencia al propio Supremo Tribunal de Justicia, lo cual provoca la anulación de sentencia, según el artículo 102 del Código Penal, pero en el caso de Sanjuana, la LXIII evitó entrar en la discusión de su inocencia.
Esta es la segunda iniciativa sobre indulto que recibe el Congreso en los últimos días, por lo que ahora deberán ser turnadas a comisiones para su análisis.
