Amparos vs la transparencia, ¿vía para prolongar ocultamiento de información pública?

Por Victoriano Martínez

El intento de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP) por eludir mediante un juicio de amparo la entrega de la información sobre los gastos, contratos y empresas involucradas en las obras de remodelación de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) edición 2022, aunque no le resultó, le permitió retrasar al menos 98 días más la entrega.

El pasado 29 de mayo el Juzgado Segundo de Distrito resolvió sobreseer el juicio 432/2024-II, promovido por Leticia Vargas Tinajero, titular de SEDUVOP, en contra de un requerimiento de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) que le ordenaba la entrega de esa información so pena de ser multada.

A pesar del fallo desfavorable desde esa fecha, la SEDUVOP hizo entrega incompleta de la información hasta 21 días después, según informó la reportera Ruth Salazar, desde cuya cuenta en la Plataforma Nacional de Transparencia se solicitó la información a nombre de otra persona.

Un retraso en la entrega de la información totalmente injustificado propiciado por la laxitud de los requerimientos de la CEGAIP. Aunque el acuerdo del pasado 26 de febrero ordenaba la entrega de la información y advertía sobre la aplicación de multas, en ningún momento le fijó un plazo a los responsables de transparencia de la SEDUVOP para cumplirlo.

Sólo les pidió que “se abstengan de realizar prácticas que obstaculicen el ejercicio del derecho humano de acceso a la información pública, negando el acceso a información que tiene una naturaleza pública y que incluso debe obrar publicada en la Plataforma Estatal de Transparencia”.

Y agregó:

“En caso de reincidir en la conducta consistente en denegar intencionalmente el acceso a información correspondiente a obligaciones de transparencia que no tienen el carácter de reservada o confidencial se aplicará en su contra la medida de apremio consistente en una MULTA”.

Es decir, el amparo promovido por Vargas Tinajero sólo sirvió para justificar un retraso de 98 días en la entrega de la información y, todavía después del sobreseimiento del caso, continuar con la entrega incompleta de los datos.

Para lo que sí estableció un plazo la CEGAIP en ese acuerdo fue para que, cuando finalmente se hayan decidido a entregar la información, en cinco días Vargas Tinajero como titular de la dependencia les reporte con las “constancias necesarias que acrediten el cumplimiento” de la respuesta a la solicitud de información.

Originalmente, la petición de información se presentó el 14 de julio de 2022. Desde entonces, transcurrieron 706 días para que la solicitante recibiera una respuesta incompleta. Pero la titular de SEDUVOP habrá presentado o presentará en estos días su reporte a la CEGAIP de haber cumplido.

Ahora comienza la cuenta para ver cuántos días se tardará la CEGAIP en consultar a la solicitante sobre la información que recibió y si está conforme (lo que ya se sabe que no), pero también para que los comisionados valoren si la documentación entregada corresponde a la que se pidió (sólo falta que la den por cumplida).

A 22 días de que cumpla dos años la solicitud de información, la cadena de maniobras mancomunadas entre la SEDUVOP y la CEGAIP para eludir la entrega de los datos sobre los costos de la remodelación de las instalaciones de la FENAPO apenas se logra una respuesta incompleta.

Aunque el Juez Segundo de Distrito, Jaime Linares Ramírez, sobreseyó el amparo porque “las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados” para evitar que se utilice ese recurso para “eludir el cumplimiento de la obligación de entregar información a particulares solicitantes”, el hecho es que la admisión del juicio contribuyó a retrasar 98 días la respuesta.

Un retraso de 98 días no está nada mal para los servidores públicos que se orienta por la aplicación del principio de máxima opacidad. No lograron por completo eludir la entrega de la información, pero prolongaron su ocultamiento.

¿Será ese un buen incentivo para que las dependencias opacas vuelvan a recurrir a esa maniobra ante la justicia federal para continuar con la prolongación del ocultamiento de información en más casos? Ya se verá hasta dónde llega el sexenio del cinismo de la opacidad.

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