María Ruiz
Familiares de víctimas de feminicidios, junto con colectivos de apoyo, han exigido a las autoridades de la Fiscalía General del Estado y demás poderes del Estado que fortalezcan la Fiscalía Especializada en Feminicidios, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y el Poder Judicial.
Con la reciente llegada de la nueva fiscal, María Manuela García Cázares, quien anteriormente se desempeñaba como magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, los familiares buscan garantizar investigaciones diligentes y con perspectiva de género.
Además, han solicitado que los tres poderes del Estado aseguren recursos y personal capacitado para atender la crisis de violencia feminicida.
El pasado 18 de mayo, en San Luis Potosí se instaló un memorial colectivo en honor a Fernanda, Odalis, Ale, Samantha, Nataly, Karla, Lupita, Emma y Victoria.
Este acto de resistencia y memoria tiene como objetivo visibilizar la lucha contra los feminicidios y restituir las narrativas revictimizantes producidas por instituciones y medios de comunicación.
Ubicado en la esquina de Universidad y Constitución, el memorial busca honrar las vidas de estas mujeres más allá de ser consideradas solo víctimas de feminicidio.
Las familias, apoyadas por colectivos, han denunciado la falta de acceso a la justicia y el desgaste emocional y físico que han sufrido debido a procesos legales prolongados y revictimizantes.
Casos emblemáticos como los de Samantha Rodríguez y Karla Pontigo evidencian graves fallas en el sistema judicial: el feminicida de Samantha fue absuelto, mientras que el caso de Karla, inicialmente declarado como homicidio accidental, requirió la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Otros casos, como el de Odalis Hipólito, reabierto tras ser inicialmente cerrado como suicidio, y el de Nataly Alonso, plagado de filtraciones y desinformación, subrayan la negligencia y la falta de perspectiva de género en las investigaciones.
“El memorial, un esfuerzo de más de ocho meses y la participación de 30 personas, no es solo un homenaje, sino una demanda de justicia y reparación de daños. Las familias advierten que continuarán instalando un memorial cada año mientras no se garantice la justicia para las víctimas”, se lee en un comunicado dispuesto por las familias víctimas indirectas de feminicidio.
La creación de este espacio es considerado por las familias como un derecho y una forma de reparación con el que se busca justicia, verdad y la posibilidad de continuar con sus vidas pese a la pérdida irreparable de sus seres queridos.
