Fernanda Durán
La Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado aprobó el dictamen que reforma el artículo 28 de la Ley de Pensiones y Prestaciones Sociales con la que busca garantizar el pago puntual de las pensiones, además de subsanar el déficit financiero que lo amenaza. Ahora se espera que sea votada en el Pleno durante un periodo extraordinario a celebrarse en julio.
Durante su intervención en la Comisión, la diputada Claudia Tristán Alvarado expresó su preocupación sobre la suficiencia de los recursos para cubrir las pensiones en caso de contingencias presupuestarias al cuestionar la existencia de excedentes y la transparencia en su manejo, haciendo referencia a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Tristán Alvarado enfatizó en la necesidad de especificar el origen de los fondos para el pago de las pensiones, ya que, en su opinión, los excedentes podrían ser federales y no estatales.
Con ello reiteró su inquietud sobre la claridad y la rendición de cuentas en la gestión financiera para garantizar la confianza de los trabajadores y pensionados.
Asimismo, indicó que en la reforma se menciona que el pago se garantizará conforme a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, pero no especifica a que fracción; mientras la misma ley podría limitar que los recursos excedentes se pudieran destinar al Fondo de Pensiones, al considerarlo como un concepto extraordinario.
“Nosotros sabemos que eso puede ser cualquier bono otorgado a cualquier servidor publico. Mi preocupación es, o mi petición sería, que esta ley se circunscribiera solamente en el artículo que se refiera a las participaciones o erogaciones extraordinarias porque si en el futuro (…) pasa que no hay suficiente presupuesto ¿Cómo yo me voy a dar cuenta que el Estado tiene excedentes?, ¿quién me lo va a informar? Ese es el tema, esa es mi preocupación como parte de este gremio, porque al final de cuentas mi nombre va a estar ahí”.
Al tomar en cuenta las observaciones de la diputada y otros legisladores, la reforma se modificó para precisar que el pago de las pensiones se garantizará de acuerdo al artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera con cargo a los ingresos excedentes y/o a los respectivos presupuestos de egresos de aquellas instituciones de la administración pública estatal o municipal en su caso.
La propuesta, presentada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, busca dar cumplimiento a las sentencias dictadas en dos juicios de amparo indirecto: uno de 2019 y otro de 2021, en las que se exige al Estado y al mismo Congreso tomar medidas para garantizar el pago de las pensiones a los demandantes.
Además, busca subsanar el quebranto financiero que pone en riesgo el pago de las pensiones en general, ya que el sistema de pensiones enfrenta un déficit estructural.
Perspectivas de los representantes sindicales
El licenciado Tomás Galarza, representante de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), señaló que el tema de Pensiones es insostenible mientras el sistema de telesecundaria esté colapsado, por lo que ninguna reforma podría subsanar el quebranto o solventar las lagunas que tiene la Ley de Pensiones del Estado.
“Está en manos de ustedes que lo fortalezcan para bienestar de los tres sectores: burocratas, sección 52 y telesecundarias”, comentó mientras hacía referencia al fondo de burócratas que está apunto de colapsar y otros que requieren millones de pesos sólo para la nómina.
“No son mil compañeros jubilados, simplemente de telesecundaria con mil 700 jubilados, sección 52 no tengo el número, el sector burocratas tampoco, pero se requiere un gran capital para poder subsanar los derechos laborales de los trabajadores”.
Por su parte, Alberto Ávalos Gallegos, representante del sector 52 del SNTE, destacó la atención que la reforma presta a las necesidades del sector gubernamental y de telesecundarias.
Sin embargo, hizo hincapié en la necesidad de abordar la deuda histórica del Gobierno con el sector 52, y ver la forma que esa deuda se salde.
“Nosotros nos adelantamos al quebranto y en el decreto 730 quedaron estipuladas las modificaciones para que tuviéramos sustentabilidad económica hasta 2032, con modificaciones que siguen siendo una molestia para los compañeros, como los años para poder jubilarse: las mujeres pasaron de 28 a 33; los hombres de 30 a 35; con base de la cotización al 14 por ciento y un salario regulador de los últimos 10 años. Estas modificaciones se lograron concretar a pesar de las opiniones. Ahorita el problema para nosotros es la deuda de Gobierno del Estado con el sector”.
Por su parte, el asesor de la Comisión aclaró que la iniciativa de reforma no implica la mezcla de fondos, cambios en la edad de jubilación ni la reducción de prestaciones como se ha especulado.
Finalmente, la reforma será votada en el pleno del Congreso del Estado durante un periodo extraordinario a celebrarse en julio.
