Por Victoriano Martínez
Tras las elecciones del 2 de junio, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció lo que en los hechos representa un reforzamiento a la estructura para la entrega de ayudas sociales que se empató con la estructura electoral por distritos: se conformarán Comités del Apoyo Total por colonias para decidir las obras y a quiénes se les entregan programas sociales.
Si con la estructura distrital de los delegados de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) y el DIF estatal surgieron evidencias de la manipulación sobre los beneficiarios de los programas sociales para acarrearlos a los eventos partidistas, con los Comités de Apoyo Total el control clientelar y mal uso de esas ayudas será más directo y efectivo.
Un anuncio de Gallardo Cardona en el que el fin político-electorero no se disimula, sino que se hace demasiado explícito en la denominación de los futuros comités: el lema del PVEM durante las pasadas campañas electorales fue precisamente “Apoyo Total”.
Lo que podría parecer un buen ejercicio de participación ciudadana en la ejecución de obras en los municipios se desvirtúa de tal manera que, la experiencia documentada sobre la estructura electorera de la SEDESORE y el DIF estatal, debería ser motivo de revisión de oficio por parte de la autoridad electoral.
Un esquema que además duplica el que ya se encuentra regulado por la Ley de Juntas de Participación Ciudadana que “tiene como propósito establecer las atribuciones, y responsabilidades de las Juntas de Participación Ciudadana; además de las autoridades estatales, y municipales, con relación a las mismas, así como el acercamiento de la gestión gubernamental a la ciudadanía”.
La representatividad que tienen las Juntas de Participación Ciudadana para ese acercamiento a la gestión gubernamental resulta de un proceso democrático organizado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en coordinación con los Ayuntamientos. Son la instancia legítima para propósitos como los planteados para los Comités de Apoyo Total.
Una representatividad que, si el gobernador con su propuesta pretende evadir, en los hechos elude una responsabilidad legal que atenta contra el principio que establece que la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le autoriza. Crear una estructura de relación con la ciudadanía paralela a la legalmente constituida a todas luces está al margen de la Ley.
Los ímpetus del gobernador por intervenir en las obras que se realicen en los municipios rayan en posibles violaciones al principio constitucional del municipio libre, tanto por crear una estructura que usurparía el papel de organismos legalmente existentes, como por la posibilidad de que se usen para imponer obras a las autoridades municipales.
Por si fuera poco, Gallardo Cardona anunció que ofrecerá la construcción de lienzos charros a los municipios a cambio de que donen parte de las ganancias a las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) de cada demarcación.
Es decir, luego de que con los Comités de Apoyo Total aseguró que “nosotros no vamos a decidir qué obras se van a hacer; ustedes, la gente, van a decidir lo que se necesita, las prioridades primero”, llevará la propuesta de imponer lienzos charros a los ayuntamientos como de hecho ya lo hizo en El Naranjo.
“El trato fue que yo le construía un lienzo charro donde El Naranjo va a poder hacer charreadas, va a hacer jaripeos, va a hacer bailes, y todas las ganancias las va a mandar a la UBR para atender a los niños con discapacidad”, dijo.
No sólo se impone la obra, un lienzo charro, sino que se impone el uso que se le dará a los recursos municipales. El fin podría ser muy loable, pero insuficiente para justificar que se pase por encima del principio constitucional que establece que “los municipios administrarán libremente su hacienda”.
Una imposición de lienzos charros en la que nuevamente antepone su afición por la charrería a la atención a las necesidades de cada comunidad. Y eso que acababa de anunciar que la consultaría a través de los comités de apoyo total.
Una imposición que exhibe la grave distorsión de sus prioridades: primero las charreadas, los jaripeos y los bailes y si de todo eso algo queda como ganancia, que se ocupe para la atención a personas vulnerables en las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR). Un altruismo con los residuos del jolgorio, pues.
