Antonio González Vázquez
El dictamen de la reforma del Poder Judicial empezará a elaborarse a partir del día 8 de agosto y estará listo para que el pleno de la próxima legislatura lo vote, adelantó Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
El legislador potosino previó que después del próximo 8 de agosto estarán en condiciones de trabajar el proyecto de dictamen de la reforma al Poder Judicial para incluir las conclusiones preliminares del Parlamento Abierto, a fin de que el producto final sea votado por la instancia legislativa y presentado a la nueva Legislatura para su consideración.
Ese día, 8 de agosto, concluirán los foros de diálogo que fueron convocados en el marco del Parlamento Abierto, y de inmediato las y los integrantes de la Comisión que él preside iniciarán a trabajar el proyecto de dictamen, en el que se incluirán las conclusiones finales del Parlamento para que el producto final sea votado por la instancia legislativa y presentado a la nueva legislatura para su consideración.
Indició que después del último foro a celebrarse en Sinaloa, “estaremos en condiciones de trabajar sobre el proyecto de dictamen, y finalmente será la comisión de función constitucional quien vote un dictamen que va a quedar en manos de la Mesa Directiva para que quede vigente a la siguiente legislatura”.
De ese modo, a partir de septiembre próximo, la legislatura entrante podrá trabajar el tema desde su arranque.
Indicó que hasta ahora las conclusiones preliminares de los foros sugieren varios puntos importantes a considerar, como el cambio en el proceso de nombramiento que incluiría una ratificación por sufragio popular, así como proteger los derechos de los trabajadores; la carrera Judicial y elección popular; separación de la administración y la vigilancia de la disciplina del Poder Judicial Federal en un tribunal de disciplina, el cual revisaría, fiscalizaría, investigaría y sancionaría a los jueces y magistrados.
El diputado de Morena señaló en ese sentido que también se busca la participación de académicos, universitarios, abogados del foro, investigadores y otras personas calificadas fuera de los tribunales, reconociendo que la experiencia relevante puede adquirirse también fuera de la Judicatura.
Del mismo modo, “se planteará una reforma integral de justicia que incluya mejoras en los ministerios públicos, las policías de investigación y la defensoría pública y la importancia de establecer bases mínimas de conducta ética para la abogacía.
Subrayó que “se propondrá la necesidad de vincular la responsabilidad de los tribunales con la seguridad pública, reconociendo la importancia de los derechos humanos y la seguridad pública como valores fundamentales”.
