Texto y fotografías de María Ruiz
El Barrio de San Miguelito, uno de los más emblemáticos del Centro Histórico de San Luis Potosí, cumple 11 meses desde el anuncio de las obras de rehabilitación de sus calles. Sin embargo, lo que prometía ser una mejora significativa para sus habitantes, se ha convertido en una fuente constante de frustración y problemas debido a la improvisación y falta de planificación por parte del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).
A pesar del amparo que obliga a la Secretaría a sustentar sus proyectos, las irregularidades son evidentes, pues hasta el día de hoy no existe un proyecto claro que respalde las obras; faltan pruebas, dictámenes y un cronograma detallado, así como un proyecto integral de movilidad conforme a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
A lo largo de estos 11 meses de trabajos, los vecinos han denunciado en los acercamientos con Seduvop que no se ha presentado ningún proyecto integral ni los permisos necesarios.
Enfatizaron en que la falta de transparencia y la socialización del proyecto, más allá de los mecanismos burocráticos, es una de las principales demandas de quienes enfrentan una serie de improvisaciones o lo que pareciera ser una venganza política tras haberse manifestado por primera vez el pasado 15 de agosto de 2023, cuando una de sus primeras demandas fue la permanencia del adoquín en las calles.
Han sido 11 meses en los que han exigido que se cumpla con las observaciones realizadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ante los posibles daños del barrio, una parte esencial que forma parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad protegido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), y no solo eso, sino que se cumpla la resolución de la autoridad federal.
Las secuelas de estos retrasos son palpables. Las calles 5 de mayo, Fernando Rosas, Pedro Vallejo y Xicoténcatl se han convertido en una odisea diaria para sus habitantes; la accesibilidad y movilidad se han visto severamente limitadas, especialmente para personas con discapacidad y adultos mayores, además de que la falta de rampas y accesos adecuados ha mantenido a muchos confinados en sus hogares por casi un año.
A pesar de una inversión anunciada de más de 75 millones de pesos por parte del Gobierno del Estado, los procesos de ejecución han sido cuestionables, pues incluso después de 11 meses de supuestos trabajos, no se han transparentado las licitaciones ni las empresas involucradas en el proyecto, lo que incrementa la desconfianza entre los habitantes.
El impacto económico también ha sido significativo. Contrario a las promesas del gobernador Ricardo Gallardo Cardona sobre la plusvalía y bienestar que estas obras traerían, algunas casas ahora están abandonadas, comercios han cerrado y los arrendamientos han disminuido debido a la falta de movilidad en el barrio.
La seguridad es otra preocupación creciente, pues las calles en intervención reflejan escaso acceso, lo que crea un entorno favorable para los delincuentes, quienes perciben menor riesgo de ser vistos o denunciados. Los habitantes remarcaron que han observado que las calles con acceso restringido pueden tener puntos de entrada y salida limitados, lo que las convierte en lugares estratégicos para cometer delitos.
Basta recordar que el pasado 13 de junio una persona adulta mayor de 80 años fue despojada de sus pertenencias en la calle Fernando Rosas, lo que ejemplifica la vulnerabilidad en la que viven los habitantes, quienes también enfrentan dificultades para acceder a vigilancia constante debido a las obras viales en proceso.
El proyecto de rehabilitación del Barrio de San Miguelito, lejos de cumplir con sus promesas, ha generado problemáticas, desacuerdos y una ejecución que carece de legalidad y lineamientos establecidos.
Actualmente, los habitantes temen que las obras mal realizadas puedan causar estragos en el futuro, pues ante la falta de un proyecto puede tener no solo implicaciones significativamente costosas, sino propiciar colapsos, accidentes, falta de acceso a los servicios públicos, así como inundaciones y daños a sus hogares.
Enfatizaron en que las consecuencias de estas obras de rehabilitación mal ejecutadas subrayan la importancia de una adecuada planificación, supervisión y ejecución de proyectos, así como la necesidad de una rendición de cuentas clara y efectiva.
