Fernanda Durán
En la coyuntura de la reciente despenalización del aborto en Puebla como el decimocuarto estado del país, el Frente Marea Verde San Luis Potosí expresó su frustración ante la demora del Congreso del Estado para avanzar en la legislación respecto a este tema, a pesar de los claros criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a que también han impulsado mesas de trabajo con el Poder Legislativo.
Durante el posicionamiento publico junto a otros colectivos sobre las iniciativas ciudadanas congeladas, integrantes de Marea Verde destacaron la importancia de este tema al cual le han huido las y los diputados de la LXIII legislatura.
Señalaron que existe un proceso legislativo marcado por la ley que obliga a las y los legisladores a entregar una justificación y dictamen apegado a los derechos humanos e internacionales, aunque su posicionamiento personal en cuestión sea en contra.
“El Congreso local de San Luis Potosí no se puede desafanar del sistema judicial, del sistema legislativo y del sistema constitucional e internacional que tenemos aquí en México”.
Aunado a las inquietudes, exigieron que el desempeño y trabajo de la institución se maneje de forma laica y objetiva.
En torno a la problemática y desatención al tema, detallaron que desde septiembre del año pasado el grupo ha presentado diversas iniciativas ciudadanas con el objetivo de reformar el Código Penal y la Ley de Salud del Estado, al buscar homologar la legislación local con las recientes sentencias de la SCJN que despenalizan el aborto a nivel federal.
El 8 de septiembre de 2023, el Frente Marea Verde inició su esfuerzo al presentar una iniciativa al Congreso del Estado con el respaldo del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), pero a pesar de haber entregado formalmente la propuesta al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y a los 27 diputados y diputadas estatales, así como de haber mantenido reuniones con autoridades estatales como la subsecretaría de derechos humanos y asuntos jurídicos de la Secretaría General de Gobierno para discutir el tema, el proceso legislativo no ha tenido mayor revisión.
“Se comprometieron a seguir el tema de cerca con el Congreso y con el gobernador”.
Luego de una segunda iniciativa presentada el 2 de octubre, y socializada con las presidentas de las comisiones de Justicia, Derechos Humanos, Igualdad de Género, y Salud y Asistencia Social, el 27 de octubre procedieron a entregar la declaración política del encuentro nacional por el aborto legal y seguro en México, mismo que fue entregado al secretario general de Gobierno y a los 27 diputados. Además, presentaron un amparo de ley ante la omisión legislativa con la participación de Lúminas Centro de Derechos Humanos A.C., Educación y Ciudadanía A.C., Apoyare A.C., Organización Para Chicas A.C., y GIRE, espacios donde participa el Frente Marea Verde SLP.
La situación causó inquietud con la reciente despenalización del aborto en Puebla el 15 de julio, convirtiéndose en la decimocuarta entidad en hacerlo a nivel nacional. En cambio, el Frente Marea Verde cuestionó por qué San Luis Potosí no ha avanzado con la misma celeridad, a pesar de los múltiples esfuerzos y acciones legales emprendidas por el grupo, incluyendo amparos y presentaciones ante diversas comisiones legislativas.
“El Congreso del Estado ha dilatado los tiempos para dictaminar las iniciativas y llevarlas al Pleno. No entendemos la razón para evadir el debate y postergar el dictamen de nuestras iniciativas, cuando la SCJN ya ha establecido claros precedentes legales.”
Hasta el momento, las autoridades del Congreso del Estado no han respondido públicamente a las últimas demandas del Frente Marea Verde, quienes insisten en la necesidad urgente de avanzar en el debate legislativo sobre el aborto en el estado, ya que desde el pasado 30 de octubre también solicitaron un espacio con la presidenta de la Directiva y las presidentas de las comisiones encargadas del tema para iniciar el diálogo y mesas de trabajo, pero no les dieron respuesta, aunque hubo un intento de contacto el pasado 1 de febrero.
El argumento durante un año por parte del Congreso ha sido iniciar mesas de trabajo con instancias y colectivas interesadas en el tema, sin una organización concreta.
