Fernanda Durán
En medio del debate nacional y los diversos foros sobre la propuesta de reforma al Poder Judicial en México, es necesario conocer en qué consiste y cuáles son las modificaciones más relevantes que se planean generar con este proyecto federal y que pretenden expandir a nivel local.
El pasado lunes 15 de julio, Morena organizó un foro sobre la reforma donde figuras como el senador Ricardo Monreal Ávila insistieron en que no afectará a los más de 50 mil trabajadores, se limpiará el sistema de Justicia y se le otorgará más autonomía donde la esencia es y será elegir por voto popular a jueces, ministros y magistrados.
El Poder Judicial es el órgano encargado de resolver conflictos entre personas y entre los órganos del poder público, que además le corresponde proteger los derechos humanos establecidos en la Constitución federal, los tratados internacionales y los derechos político-electorales. Todo esto representado por la Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como los tribunales de circuito, juzgados de distrito y el Consejo de la Judicatura Federal.
Propuesta legislativa
La reforma al Poder Judicial fue presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 12 de febrero de 2024 con la que se pretende redefinir la SCJN y otros aspectos fundamentales del Poder Judicial como la elección popular de ministros, magistrados y jueces; una nueva integración de la SCJN; la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal y nuevas reglas procesales.
De acuerdo con los detalles que ha dado a conocer el gobierno federal, con la reforma se busca que en 2025 se lleve a cabo una elección extraordinaria para que todos los actuales titulares de estos cargos puedan participar en igualdad de condiciones con nuevos candidatos realizándola bajo un esquema de candidaturas paritarias propuestas por los tres poderes de la Unión, donde se garantice una representación equitativa y diversa.
El Poder Ejecutivo propondría hasta 10 candidaturas, el Legislativo hasta cinco por cada Cámara por mayoría calificada y el Poder Judicial hasta 10 candidaturas por mayoría de seis votos en el pleno.
Cada uno de los 32 circuitos judiciales del país elegiría a los jueces y magistrados a partir de seis candidaturas paritarias por cargo.
Las postulaciones serán recibidas por el Senado, donde verificarán los requisitos como: ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, una edad mínima de 35 años para magistrados y 30 para jueces, título del licenciado en derecho con antigüedad y práctica profesional mínima de cinco años, que gocen de buena reputación y sin condena por delito doloso con sanción privativa de libertad, añadiendo la restricción para extitulares de ciertos cargos públicos en el año previo a la elección. Posteriormente sería remitido al INE.
El proceso sería organizado por el Instituto Nacional Electoral, sin permitir el financiamiento público o privado con campañas que durarán 60 días y donde los partidos no realizarán algún tipo de proselitismo a favor o en contra de las candidaturas.
Los resultados de las elecciones como las impugnaciones serían resueltos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial De la Federación, pero si participan sus mismos integrantes la resolución le corresponderá la SCJN.
En cuanto a la integración de la Suprema Corte, una de las modificaciones más destacadas es la reducción del número de ministros de 11 a nueve, así como la disminución del periodo de encargo de 15 a 12 años. Además, se eliminarán las dos Salas actuales, estableciendo que la Corte únicamente sesionará en Pleno y de manera pública. Esta medida tiene como fin asegurar una mayor cohesión y transparencia en las decisiones judiciales de mayor trascendencia para el país.
Otro cambio significativo es la eliminación de la pensión vitalicia para ministros y ministras, tanto actuales como futuros. Mientras las remuneraciones de los integrantes de la Corte deberán ajustarse al tope máximo establecido para el presidente de la República, sin excepción.
La sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por un Tribunal de Disciplina Judicial, consistiría en una composición de cinco magistrados electos a nivel nacional cuya facultad es recibir denuncias e investigar a ministros magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley, al interés público o a la administración de justicia, incluyendo hechos de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad o encubrimiento de presuntos delincuentes o cuando sus resoluciones no se ajusten a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia. Sancionando desde la amonestación pública, hasta la destitución, excepto en ministros, y dando vista al Ministerio Público en caso de delitos o solicitar un juicio político ante el Congreso de la Unión.
Asimismo, se establecerá un Órgano de Administración Judicial también integrado por cinco personas designadas por los Poderes de la Unión, encargado de las funciones administrativas, de carrera judicial y de control interno, así como de la elaboración del presupuesto del Poder Judicial.
Por otro lado, las nuevas reglas procesales tienen como objetivo una justicia expedita y equitativa, estableciendo plazos máximos de seis meses para la resolución de asuntos fiscales y un año para asuntos penales, así como la prohibición en la otorgación de suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Además, insta a los poderes judiciales en las entidades federativas a establecer reglas para la elección directa de sus magistrados y jueces, así como órganos de administración y disciplina independientes.
La propuesta ha sido socializada a través de conferencias en las últimas semanas, razón por la que personajes como Monreal Ávila que ha asegurado que la reforma podría tener algunos cambios recopilados de estos foros que en su caso serían analizados y considerados por las comisiones dictaminadoras cuando comience su redacción final tras el último foro el próximo 8 de agosto.
Jueces y magistrados manipulan a trabajadores para que se opongan a la reforma: Martínez Benavente
Entre la controversia y el debate, el analista político Eduardo Martínez Benavente ha destacado algunos puntos que a su parecer deben ser considerados con cautela en el desarrollo de la iniciativa, considerando que los requisitos para los candidatos que serán elegibles en una posible contienda electoral deben ser estrictos y claros, ya que es fundamental garantizar una incuestionable conducta así como una trayectoria judicial sólida con prácticas demostradas por más de cinco años, una carrera judicial con las mejores calificaciones y especialidades pertinentes.
Aunado a ello opinó que con estos requisitos es casi imposible infiltrar candidatos vinculados al crimen organizado como lo han expresado aquellos que se oponen a estas reformas.
Respecto a las críticas frecuentes sobre la eficiencia del Poder Judicial, el analista señaló que existe una percepción generalizada entre los mexicanos de que la justicia no es pronta ni expedita ni gratuita.
“Creo que la mayoría de los mexicanos que han tenido alguna experiencia de impartición de justicia con el Poder Judicial, comparten la opinión de que sus omisiones, criterios, posibles influencias exteriores, lentitud e instancias que hay que agotar para que se dicte una sentencia definitiva son un verdadero tormento”.
Martínez Benavente también criticó la resistencia que enfrenta la reforma por parte de algunos sectores del Poder Judicial, por la cual no se descarta una paralización de las actividades judiciales en el país.
“Se les ha explicado una y otra vez a los empleados del Poder Judicial de la Federación que las reformas no afectarán sus derechos laborales y sin embargo muchos jueces magistrados y ministros los están manipulando para que se opongan a la reforma”.
Finalmente, el analista señaló que existe un mandato democrático detrás de la reforma por parte de los mexicanos que votaron por la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo, y los legisladores que impulsaban esta y la reforma electoral, “por lo que esta reforma debemos considerarla como aprobada”.
A la vez, consideró que independientemente de que la reforma constitucional se apruebe en septiembre, podrían pasar años para que entren en vigor las disposiciones y se puedan celebrar elecciones para ministros magistrados y jueces.
