Por Victoriano Martínez
Mañana será un domingo de definiciones en la Comunidad de San Juan de Guadalupe, en una asamblea en la que se elegirán a los próximos integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y el Consejo de Vigilancia con dos actores externos en la disputa: los grupos empresariales inmobiliarios que aún intentan urbanizar parte de la Sierra de San Miguelito.
Una intromisión en la que los barones del concreto no representan un solo frente, sino dos, cada uno con sus propias planillas, y confrontados a muerte en el forcejeo por tener el control de las autoridades comunales como paso necesario para continuar sus maniobras para apropiarse de 2 mil 68 hectáreas uno y de mil 600 hectáreas el otro.
Una disputa que tiene su origen desde 2010, cuando uno de los grupos firmó un contrato con las autoridades comunales por la cual pagaron 82 millones de pesos a la comunidad como anticipo por mil 600 hectáreas y el otro en 2013 por 2 mil 68 hectáreas por el que se dio un anticipo de 50 millones de pesos.
Cuando la situación parecía favorecer la urbanización y los programas municipales de desarrollo urbano promovidos por Xavier Nava Palacios como alcalde podrían volver más viable la urbanización, ambos grupos se aliaron.
No obstante, la declaratoria de Área Natural Protegida para la Sierra de San Miguelito modificó esa posibilidad, y la forma errática y falta de resultados para contrarrestar el decreto comenzó a provocar diferencias entre ellos, que nuevamente se separaron.
Una primera señal del distanciamiento se dio cuando se cambió la directiva del proyecto Las Cañadas para ser encabezada por el grupo liderado por Alejandro Tamayo, y hubo un rompimiento con los comuneros.
El punto de quiebre más significativo fue cuando Gustavo Barrera López, quien encabezaba la estrategia jurídica contra el decreto de la ANP, renunció a representar a la empresa Espacios en el Horizonte y a los comuneros, y se habló de la incorporación de Diego Fernández de Cevallos para continuar con los litigios.
Barrera López no sólo renunció a la representación, sino que presentó una demanda por el pago de honorarios no cubiertos por la empresa, la cual quedó registrada en el Juzgado Primero Civil con el número de expediente 669/2024 (páginas 11 y 12), en la que solicitó anotación marginal en el Instituto Registral y Catastral del Estado y el Registro Agrario Nacional sobre la tramitación de la demanda.
En el caso del Instituto Catastral y Registral la anotación sería en la escritura constitutiva de la sociedad demandada Espacios en el Horizonte, S.A. de C.V., en tanto que en el registro Agrario Nacional sobre la Comunidad de San Juan de Guadalupe de sus Anexos Tierra Blanca y San Miguelito, además de dar aviso al Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA).
De acuerdo con los abogados de los comuneros de San Juan de Guadalupe en resistencia, al ordenar el juzgado las anotaciones marginales le da un trato a los terrenos comunales como si fueran un bien mercantil y éste fuera ya parte del proyecto inmobiliario, con lo grave que una postura así resulta.
La disputa entre los dos grupos empresariales que mañana pretenden el control del comisariado comunal de San Juan de Guadalupe, con el ingrediente de la renuncia de Gustavo Barrera a su representación, resultó en una especie de pleito de comadres del que surgieron datos como los posibles alcances de los contratos firmados en 2010 y 2013.
Por lo pronto, la disputa por el control del Comisariado ha cotizado los votos que se emitirán mañana en la asamblea al grado de que, según algunos comuneros, tanto un grupo como el otro les han llegado a ofrecer hasta 10 mil pesos por el sufragio.
Del lado del grupo de Alejandro Tamayo, apoyado por el exgobernador Marcelo de los Santos, al frente de la planilla se ubica a Alejandro Jasso Dávalos, en tanto que, del otro grupo, que consideran respaldado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, lo representan Juan Fidel Cruz Campos y Salome Marín.
Algunos de los comuneros consideran la contienda en la asamblea de este domingo como entre la vieja mafia del poder contra la nueva mafia del poder.
Una disputa por el control del Comisariado ante la que, en plena asamblea, puede surgir una tercera opción en discordia que sea promovida por los grupos de comuneros que han luchado por la integridad de la Comunidad.
En una de esas, la autoridad comunal queda en manos de quienes hasta ahora han resistido y frenado los proyectos inmobiliarios, últimamente con la declaratoria de ANP a su favor. De ocurrir, sería una victoria más para la protección ambiental de la Sierra de San Miguelito.
