Abelardo Medellín
Nuevos amparos, controversias constitucionales e incluso juicios de protección a los derechos políticos del ciudadano, podrían ser las vías por las cuales aún se podría echar abajo la municipalización de Villa de Pozos aprobada por el Congreso del Estado el pasado lunes 22 de julio, explicó el maestro en Derecho Constitucional y Amparo, Jorge Chessal Palau.
El abogado habló sobre las implicaciones legales que podría tener la decisión de aprobar el dictamen que eleva la categoría de Villa de Pozos de delegación a municipio, esto luego de que se negara la suspensión definitiva del dictamen de creación el pasado 18 de julio como parte del recurso de revisión administrativa 118/2024 promovido contra un amparo que buscaba detener la municipalización.
Según Chessal Palau, el hecho de que el Congreso del Estado haya emprendido la municipalización de Villa de Pozos sin esperar a que se resolviera el fondo del juicio de amparo, trae consigo dos posibilidades:
“La primera es que se actualice una causal de sobreseimiento en el amparo, pues al haberse emitido la determinación de creación del municipio Villa de Pozos, pudo haber quedado sin materia el tema del procedimiento y por lo tanto habría que impugnarse solamente el decreto, este juicio de amparo se podría sobreseer y se podría promover uno nuevo”.
Mencionó que la otra posibilidad es que en el mismo juicio de amparo para el cual se negó la suspensión, se presente una ampliación de demanda añadiendo como nueva afectación el decreto aprobado por el Congreso local.
Chessal Palau afirmó que el hecho de que el Congreso del Estado no hubiera considerado estas posibilidades demuestra una actitud imprudente por parte de los diputados locales.
“La prudencia indicaría que lo correcto era esperarse para no correr el riesgo de que una resolución dictada al amparo, en cualquiera de los dos escenarios que comentamos, trajera como consecuencia invalidarlo cuando ya se hubieran realizado ciertos actos en cumplimiento del decreto”, añadió.
Chessal Palau precisó que el hecho de que se revoque una suspensión no resuelve el fondo del amparo y por tanto aún se corre el riesgo de que se otorgue, situación que derribaría lo aprobado por el legislativo.
De acuerdo con el abogado, otra razón por la cual el Congreso debió esperar antes de aprobar el decreto era la de planificar mejor cómo se aplicarían algunas consideraciones del decreto.
Por mencionar un ejemplo, Chessal Palau comentó que uno de los transitorios especifica que el nuevo municipio de Villa de Pozos podría aplicar la tabla de valores unitarios del cobro de impuesto predial por lo que resta de 2024, esto en cuanto entrara en funciones el Concejo Municipal a partir del primero de octubre próximo.
“Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el pago del impuesto predial se da en los primeros meses del año, por lo tanto, el ingreso que pueda tener el nuevo municipio por concepto de impuesto predial estos meses es muy poco. Hubiera sido más prudente esperar por el tema de la municipalización para que empezara el nuevo municipio con el ejercicio del gasto público en el 2025”.
Chessal Palau comentó que el municipio de la capital también podría presentar una controversia constitucional contra la decisión del legislativo, sobre todo si se toman en cuentas ciertas inconsistencias que tiene el decreto aprobado.
“Hay un artículo transitorio que señala que los inmuebles propiedad del municipio de San Luis Potosí, que se encuentran en Villa de Pozos, deben de pasar a ser propiedad del nuevo municipio; estamos hablando de terrenos, inmuebles, pero además estamos hablando de construcciones, estamos hablando de instalaciones, etcétera. Me parece que sería muy justo preguntar cómo se le va a compensar al municipio de San Luis Potosí el valor de alguno de estos bienes a los que pudiera tener derecho”.
El especialista y profesor señaló que hay temas a los que se les debe poner atención y que también podrían convertirse en vetas para controvertir el decreto de Villa de Pozos, como por ejemplo, la creación del Concejo Municipal, autoridad colegiada que gobernaría al nuevo municipio de octubre próximo y hasta 2027.
Chessal Palau afirmó que la conformación e imposición de este Concejo va en contra del principio democrático y del derecho de los habitantes de Villa de Pozos para elegir a sus autoridades.
“Ahí podría ser materia de un juicio de protección de derechos políticos ante el Tribunal Electoral, por ejemplo, para el caso de aquellos que resultaran afectados o se sintieran afectados por no poder elegir democráticamente a sus a sus autoridades”, señaló.
Finalmente, mencionó una duda dirigida para los diputados que integran el Congreso local: “¿Por qué querer hacer de manera tan rápida y descuidada lo que se puede hacer con el suficiente tiempo y la debida atención?”.
