Fernanda Durán
Activistas y colectivos han lanzado una campaña en redes sociales para movilizar a la comunidad en torno a un amparo presentado contra la reciente armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial a nivel estatal, mismo que fue presentado el 26 de julio y señala una implementación incompleta de la legislación nacional en la entidad, bajo el argumento de que omite elementos esenciales para asegurar una movilidad equitativa y segura para toda la ciudadanía.
La armonización de la Ley General en San Luis Potosí ha sido objeto de críticas por no cumplir con ciertos estándares necesarios para garantizar una movilidad equitativa. De esta manera, los colectivos indican que la legislación actual carece de una consulta adecuada a personas con discapacidad, un grupo esencial para asegurar que las políticas sean verdaderamente inclusivas, además de reprochar la ausencia de una jerarquía de movilidad, la cual es crucial para priorizar a los grupos más vulnerables, como peatones y ciclistas.
Otra deficiencia destacada es la falta de enfoque en la protección de la vida y la integridad física de la población, un principio central de la Ley General; también exponen que los mecanismos de financiamiento han sido cuestionados, dado que no se han establecido medidas efectivas para asegurar la implementación de políticas de movilidad y seguridad vial.
Asimismo, critican la falta de criterios específicos para la calidad del transporte público; un sistema débil de puntos para infracciones que únicamente se centra en el consumo de alcohol, ignorando otras violaciones clave para la seguridad vial.
La omisión de los derechos de las víctimas de siniestros de tránsito y la ausencia de una planificación integral para abordar los problemas de movilidad de manera coherente son otros puntos de preocupación.
Para apoyar esta causa, Pedaleando SLP ha lanzado una campaña en redes sociales en la que invitan a la comunidad a involucrarse; a través de ella, exponen que la ciudadanía puede ayudar al compartir la publicación del colectivo, etiquetando al Congreso del Estado y con el uso de los hashtags #LeySanti, #LaDeudaDelCongreso y #CongresoPonteAChambear, con la finalidad de crear conciencia y presionar a las y los legisladores para que revisen y ajusten la legislación, que cumpla con los estándares necesarios y responda a las necesidades de la población.
El amparo cuenta con el apoyo de diversas organizaciones como Coalición Movilidad Segura, Encuentro Nacional de Diputados Locales por la Movilidad, Derechos Urbanos y activistas que abogan por una movilidad más segura e inclusiva, por lo que buscan asegurar que las políticas de movilidad en San Luis Potosí no sólo cumplan con los requisitos legales, sino que también reflejen un compromiso real con la seguridad y la accesibilidad para todos y todas.
El pasado 29 de mayo, después de dos años de retraso, el Congreso del Estado aprobó la armonización de la Ley General de Movilidad bajo la presión de un amparo que destacaba la omisión en la armonización de la legislación local, así como de tres exhortos del Congreso de la Unión y la persistente insistencia de colectivos en pro de la movilidad sostenible.
