José de Jesús Ortiz
Sin previo aviso y con un escrito de la representante de la Fiscalía General del Estado (FGE) que se les hizo llegar a la defensa minutos antes de las nueve de la mañana, la audiencia de inicio del juicio oral en el proceso penal en contra de Miguel Ángel Lutzow Steiner, extitular de la Secretaría de Salud, que se tendría que haber realizado este lunes, fue cancelada y pospuesta para el 2 de septiembre, lo cual fue calificado como una “aberración procesal” por parte del abogado defensor, además de una violación a los derechos humanos por parte del Tribunal de Enjuiciamiento.
“El Tribunal de Enjuiciamiento responsable del debido proceso violó de manera sistemática, junto con la Fiscalía General del Estado, los derechos humanos de acceder a la justicia del doctor Lutzow; decidieron, por hacerle caso a la representante del ministerio público del caso, reagendar la audiencia para el 2 de septiembre, lo cual es totalmente ilícito, pues todo escrito o incidencia debe ser desahogado en juicio. El Tribunal de Enjuiciamiento y la Fiscalía General de Justicia del estado de San Luis Potosí, litigan unidos en este caso”, denunció el abogado defensor Alejandro Manríquez Laguna.
La audiencia inicial del juicio oral estaba prevista para las nueve de la mañana de este lunes 5 de agosto y había sido notificada a las partes desde al menos dos meses antes. Sin embargo, de último momento la representante de la FGE interpuso un documento para solicitar el aplazamiento, lo cual no fue notificado con antelación por el órgano jurisdiccional.
Poco después de las nueve de la mañana, con el inicio de las diversas audiencias, se esperaba que se llamara a la Sala Tres del Centro Integral de Justicia Penal de La Pila para iniciar la audiencia de juicio oral luego de 27 meses de que fuera detenido el exfuncionario estatal. Pasaron los minutos sin que se llamara a la audiencia ni se aclarara el por qué del retraso; cerca de las 9:45 de la mañana, un empleado del Centro de Justicia Penal que se presentó como notificador trató de entregar a los abogados defensores un oficio para avisar de la cancelación de la audiencia, lo cual generó la molestia e inconformidad al hacerlo casi 50 minutos después de la hora prevista para el inicio.
—Es una ilicitud lo que me está haciendo, no entiendo quién es usted ni su cargo, ocupo que me dé una identificación vigente—, reclamó Manríquez Laguna, titular del despacho MLegal.
—¿Qué es lo que me está notificando?
—Un auto del 5 de agosto en que el que se le está fijando fecha y hora para el día del 2 de septiembre a las nueve de la mañana para iniciar al debate—, respondió el notificador.
—¿Y estaba señalado para cuándo?
—Para hoy a las nueve de la mañana.
—¿Y a qué hora me está notificando?
—A las 9:48 minutos.
Poco después, cancelada la audiencia para el inicio del juicio oral, Manríquez Laguna calificó como una aberración procesal el hecho, lo cual se suma a otras anomalías registradas en el proceso penal.
“Desgraciadamente, o tristemente, se comete una aberración procesal, una aberración en contra del Código Nacional de Procedimientos Penales. Nos enfrentamos con un Tribunal de Enjuiciamiento que no atiende las disposiciones legales y que desconoce el proceso penal, es lo que se está advirtiendo. Nosotros llegamos a la 8:40 de la mañana aproximadamente con nuestro órgano de prueba, en este caso el testigo de nuestra parte, parte de la defensa, para llevar a cabo el juicio; primero se desahogan los medios de prueba del Ministerio Público, después los del asesor jurídico en este caso de la posible ofendida y, por último, los de la defensa. Sin embargo, la agente del Ministerio Público, la agente fiscal responsable del caso, previo a las 9 de la mañana nos da un escrito en el cual le está informando al Tribunal de Enjuiciamiento —en un escrito de fecha del 2 de agosto de 2024— que solicita la suspensión de debate de juicio oral, porque dos testigos de nombre, Juan Francisco N., y Jorge Fernando N., uno de ellos tenía problemas de salud y estaba en Monterrey, mientras que el otro no había podido ser localizado. Sin embargo, son más de 20 medios de prueba que la Fiscalía se comprometió a desahogar en el juicio”.
También, precisó que en el auto de apertura a juicio la FGE se comprometió a presentar a sus testigos al igual que la defensa y las otras partes que intervienen en el juicio, en tanto que la obligación del Tribunal de Enjuiciamiento era iniciar el juicio y ahí “debatir con respecto a la justificación o no de que los testigos no hubieran acudido, como no tenían justificación, pues decidieron hacerle el favor en el Poder Judicial, eso no tiene otra explicación”.
“Lo más grave es que la Fiscalía General del Estado no presentó ningún testigo, no se presentó absolutamente nadie, estuvimos esperando y nadie preguntó por el juicio, si acaso observamos única y exclusivamente a la representante de la Fiscalía; después, aproximadamente como a las 9:40 de la mañana y porque nosotros nos levantamos a preguntar, se acercaron a intentar notificarnos que precisamente la audiencia se reprogramaba para el 2 de septiembre derivado del escrito presentado por la ministerio público, lo cual es aberrante. Se me hizo una falta de ética profesional el no avisarnos, pero más allá de eso se trata de un juicio, tuvo que haberse aperturado y haberse presentado (el escrito de la Fiscalía) dentro del mismo como un incidente, tal vez de suspensión, o solicitar la suspensión de la audiencia, que se abriera debate, pero la audiencia tendría que haberse dado”.
“Como abogado sé muy bien que este tipo de situaciones son recurribles, se pueden establecer medios impugnación, sin embargo, sobre esa base también sé que tengo que alzar la voz como defensor y si el proceso penal es desformalizadado, si como tal la publicidad precisamente cumple la función para observar la función y el desempeño las autoridades jurisdiccionales. Es por eso que me puse en esa postura, para que se hiciera de conocimiento público que estamos en desventaja procesal porque tenemos un Poder Judicial que está prácticamente litigando con el fiscal; los jueces saben muy bien que tienen que garantizar el principio de contradicción que establece el sistema penal, es decir, tuvo que haber existido debate con respecto a esos dos medios de prueba de la Fiscalía, esos dos órganos de prueba tuvo que haber existido debate, pero son mucho más órganos de prueba mucho, más de 20 y un montón de documentos y ninguno vino el día de hoy”.
Reiteró que no existe ninguna prueba en contra del extitular de la Secretaría de Salud por los delitos que le imputa la Fiscalía General del Estado, “y ellos lo saben muy bien porque es el único que hasta enfrentado un proceso penal, de ahí en fuera ninguna otra persona está enfrentando un proceso penal, lo cual es absurdo y lo aberrante viene a trasladarse el día de hoy, pues la Fiscalía mete un escrito que no es sometido a debate y con eso se reprograma la audiencia cuando ya estamos en la etapa de juicio oral… tenemos una Fiscalía ineficiente, ineficaz, que busca precisamente seguir torturando, ministerial y jurisdiccionalmente, al doctor Miguel Lutzow, del que no se había solicitado siquiera su excarcelación [para la audiencia]”.
—¿Se les tendría que haber notificado con más antelación o independientemente de eso hoy tendría que haber iniciado la etapa del juicio oral?
—Hoy se tendría que haber iniciado el juicio oral.
—¿Qué es lo que sigue?
— Presentaremos nuestras impugnaciones correspondientes, platicaremos con nuestro cliente a efecto de llegar a alguna estrategia jurídica. Obviamente existen mecanismos legales para hacerlo y nosotros nos conduciremos siempre con respeto a la normatividad y esperando que los tribunales federales puedan escucharnos y advertir que estamos en una cancha desigual… nosotros esperamos hacer bien nuestro trabajo y sé que nos tendrán que dar la razón sea aquí o en otra instancia, confiado siempre de que la mentira no se puede sostener—, concluyó Manríquez Laguna.
