María Ruiz
En 2021, San Luis Potosí estableció la Ley para la Protección al Ejercicio de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de San Luis Potosí, junto con un Mecanismo Estatal de Protección para estas personas. Sin embargo, hasta ahora, sólo una periodista ha recibido protección, lo que refleja la ausencia de una política integral para proteger a estos grupos vulnerables.
El reciente informe “Diagnóstico Participativo: Hacia una Política Pública para la Protección Integral de las Defensoras y Periodistas”, moderado por Alejandra Balduvin Álvarez de Educación y Ciudadanía A.C., señala las deficiencias del sistema. Las defensoras Olga Lucio Huerta y Esperanza Lucciotto López, junto con las periodistas María José Puente Zavala y Cirenia Celestino Ortega, participaron en el estudio al exponer las limitaciones del mecanismo actual.
Según el informe “Palabras Impunes”, realizado por CIMAC, las agresiones contra mujeres periodistas en México se han quintuplicado desde 2013, al pasar de 47 casos a 232 en 2021. Estas agresiones incluyen no solo ataques físicos, sino también amenazas, hostigamiento en línea y violencia institucional.
María José Puente Zavala destacó que, a pesar de la reducción en los feminicidios oficiales, la violencia contra las mujeres sigue siendo alarmante.
El mecanismo estatal de protección, compuesto por instituciones como la Secretaría General del Gobierno del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), ha sido criticado por su inacción y falta de presencia en los espacios de diálogo y diagnóstico, lo cual refleja un desinterés institucional por parte de las autoridades. A nivel administrativo, dijeron las panelistas, el mecanismo carece de un plan de trabajo, presupuesto y estructura organizacional adecuada.
La situación es más crítica para las familias de víctimas de feminicidio, que enfrentan revictimización y estigmatización, tanto por las autoridades como por la sociedad.
Esperanza Lucciotto López, madre de Karla Pontigo Lucciotto, víctima de feminicidio, narró su lucha de 12 años por justicia, en donde destaca la falta de respuesta de las autoridades y las dificultades para acceder a una investigación adecuada y a una protección efectiva.
Las defensoras Olga Lucio Huerta y Lucciotto López insistieron en que el Estado mexicano tiene una gran deuda con las defensoras de derechos humanos y proponen la creación de estrategias desde la sociedad civil para garantizar un entorno seguro para su labor.
Por otro lado, la falta de apoyo a las periodistas y defensoras de derechos humanos en San Luis Potosí refleja una problemática estructural que requiere atención urgente y acciones concretas por parte del gobierno estatal y federal, para garantizar la protección y el reconocimiento de estas labores esenciales para la democracia y la justicia social.
En este sentido, en el ámbito periodístico, también se detectó que muchas veces las trabajadoras carecen de recursos adecuados y horarios establecidos, lo que las deja en situaciones de vulnerabilidad. Mientras que las defensoras de derechos humanos a menudo deben equilibrar sus labores de defensa con otros empleos para sostenerse económicamente, por lo que enfrentan dobles o triples jornadas laborales.
Una de las preocupaciones más destacadas es la falta de reconocimiento oficial de las amenazas que enfrentan las defensoras y periodistas, que van desde mensajes intimidatorios en redes sociales hasta amenazas directas. Se enfatiza en que este tipo de agresiones deben considerarse como amenazas feminicidas, especialmente en contextos donde la violencia de género es una realidad cotidiana.
También, el diagnóstico subraya la importancia de incorporar una perspectiva de género en las evaluaciones de riesgo y en los protocolos de seguridad. Además, se llama la atención sobre la ausencia de protocolos diferenciados que tomen en cuenta las circunstancias específicas que enfrentan las mujeres, como ser madres o cuidadoras, lo cual incrementa su vulnerabilidad.
San Luis Potosí: un foco de atención urgente
San Luis Potosí no es ajeno a la violencia que sufren las defensoras y periodistas. Casos como el feminicidio de Karla Pontigo Lucciotto en 2012 y la desaparición de la periodista Adela Yasmina Alcaraz López en el mismo año, han evidenciado la falta de protocolos adecuados y la impunidad en los crímenes contra mujeres.
Además, las agresiones y amenazas a activistas y defensoras se han incrementado, especialmente en contextos electorales.
El diagnóstico por sí solo resaltó la necesidad de campañas de sensibilización y reconocimiento hacia las mujeres defensoras y periodistas, en el que se enfatiza en que deben ser accesibles y difundidas en todos los formatos y lenguas indígenas presentes en el estado.
También, las panelistas hicieron un llamado a actualizar y fortalecer los protocolos de actuación policial para evitar actos de represión durante las protestas, que a menudo resultan en el uso excesivo de la fuerza.
Recomendaciones clave
Entre las recomendaciones destacadas, se subrayó la necesidad de garantizar la autonomía del mecanismo de protección estatal y la creación de un consejo consultivo que proteja efectivamente a las periodistas y defensoras.
Se abogó por realizar análisis de contexto que consideren las violencias de género que afectan de forma desproporcionada a las mujeres. Además, asegurar medidas de apoyo específicas para aquellas en desplazamiento forzado, incluyendo atención a sus familias y necesidades particulares.
Esto debido a que las instituciones a nivel federal y estatal tienen que adoptar un discurso que reconozca y valore la labor de las defensoras y periodistas, sumado a que trabajen para eliminar la violencia institucional que muchas veces ellas mismas enfrentan.
La labor periodística es esencial para el ejercicio de los derechos humanos y se debe asegurar que estas profesionales puedan trabajar sin temor y con el respaldo adecuado.
“El diagnóstico presentado en San Luis Potosí representa un paso significativo hacia la protección de las defensoras y periodistas, subrayando la necesidad de políticas públicas que integren una perspectiva de género y una atención particular a las realidades que enfrentan estas valientes mujeres en su lucha por la verdad y la justicia”, señaló María José Puente Zavala, periodista local.
