A pocas horas de ser recibida, el Congreso analiza y le aprueba solicitud de licitación a Gallardo

Fernanda Durán

Las comisiones unidas de Desarrollo Territorial Sustentable, Hacienda del Estado y Gobernación aprobaron este viernes, con apenas unas horas de diferencia desde su recepción, la iniciativa que autoriza al Gobierno del Estado a iniciar el proceso de licitación pública nacional para la construcción de la Autopista Entronque 75D-Matehuala.

La propuesta, enviada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, busca autorizar a la Junta Estatal de Caminos para llevar a cabo una licitación destinada al desarrollo, diseño, construcción, operación, conservación, mantenimiento y explotación de la nueva autopista tipo A4 con una longitud proyectada de 118.4 kilómetros.

El dictamen, aprobado por las comisiones unidas, será sometido a consideración del Pleno del Congreso en la sesión extraordinaria programada para el próximo martes, a fin de que el proyecto sea adjudicado a la propuesta más ventajosa.

El presidente de la Comisión de Gobernación, el diputado José Luis Fernández Martínez, subrayó que el decreto también establece que el Poder Legislativo autoriza al Ejecutivo a realizar todos los actos necesarios para formalizar y ejecutar la licitación, por lo que una vez concluida, el gobernador deberá regresar al Congreso para solicitar la concesión de la autopista, la cual podrá ser otorgada por un periodo de hasta 40 años.

En la exposición de motivos del decreto se argumenta que la construcción de la autopista contribuirá significativamente al fortalecimiento de la industria estatal, facilitando el transporte de mercancías, personas e información.

Además, indica que este proyecto se alinea con el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, específicamente con el Eje Rector 3 sobre Economía Sustentable, buscando mejorar la infraestructura vial y fomentar el desarrollo regional.

El proyecto, según el análisis de la Junta Estatal de Caminos, se considera autofinanciable, debido a que la inversión y ejecución estarán completamente a cargo de la iniciativa privada, sin requerir aportaciones económicas por parte del gobierno estatal.

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