Fernanda Durán
El Tribunal Electoral del Estado determinó un plazo de tres meses para que el Congreso del Estado concluya el procedimiento legislativo de la iniciativa que busca la interrupción legal del embarazo dentro de las 12 primeras semanas de gestación, a través de diversas reformas a la Ley de Salud y el Código Penal del Estado, presentada en junio de 2023.
La resolución clave gira en torno al expediente TESLP/JDC/94/2024 interpuesto por las integrantes de la colectiva Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en San Luis Potosí, ante la inacción del Congreso del Estado para legislar sobre el tema y dictaminar su iniciativa.
La resolución se basa en el incumplimiento del plazo de seis meses que la ley concede para dictaminar una iniciativa, el cual transcurrió del 9 de junio al 9 de diciembre de 2023 sin que se diera respuesta. Esta inacción ha sido calificada como una violación de derechos políticos, dado que la falta de respuesta afecta el ejercicio de la participación ciudadana, de acuerdo con la ponencia de la magistrada Yolanda Pedroza Reyes.
El Tribunal desestimó los argumentos del Congreso, que alegaba complejidades en el proceso legislativo y la excepción de no tratarse de nuevas normativas.
La falta de justificación para el retraso en el dictamen y la ausencia de pruebas que validen una causa apropiada para la demora llevaron a la resolución a favor del reclamo ciudadano.
En consecuencia, el Congreso del Estado está vinculado para cumplir con la sentencia debiendo finalizar el proceso legislativo en el plazo indicado a partir de la notificación del tribunal.
En esa temporada, a mediados de 2023, también fue presentada otra iniciativa por el Frente Marea Verde que además impulsaban políticas integrales que garanticen el acceso a la justicia a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la atención para el aborto seguro.
