Estela Ambriz Delgado
Ante la constante violación de Promotora y Proyectos Proaljo a la suspensión judicial en la que se le ordenó preservar la integridad del río Calabacillas y no comprometer su cauce con la descarga de aguas residuales en la comunidad de San Marcos Carmona, del municipio Mexquitic de Carmona, sus habitantes recurrirán ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que inspeccione y constate el estado en que se encuentra e intervengan respecto a la contaminación.
De acuerdo con lo informado por el doctor Guillermo Luévano Bustamante, de la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), próximamente los comuneros solicitarán la intervención de la Conagua ante el crimen ambiental, dado que continúan las descargas directas de aguas residuales de los fraccionamientos Fuerte Ventura y Forja Real al cauce del río.
Además, en inspecciones los pobladores también han encontrado basura doméstica y desechos tóxicos; identificaron la construcción de bardas nuevas y, por tanto, que se rellenó el cauce del río, pues una de estas se encuentra en la zona protegida, lo que incumple en la suspensión judicial.
La solicitud se suma a otra de la que aún esperan respuesta de la Secretaría de Gobernación (Segob) del gobierno federal para frenar el hostigamiento de la empresa inmobiliaria y señalar al Ayuntamiento de Mexquitic su obligación de respetar la suspensión judicial, pues hasta ahora las autoridades han sido omisas.
El expediente dirigido al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Segob, Arturo Medina Padilla, fue entregado el 21 de junio al licenciado Marco Medina; el mismo contenía una síntesis sobre las numerosas vulneraciones cometidas en contra de la comunidad, la violación a los derechos humanos, ambientales y culturales de sus habitantes, y especialmente la afectación del río.
Asimismo, en el documento los comuneros solicitan que se incorpore a los afectados al mecanismo de protección de defensores de derechos humanos por la criminalización de la que han sido objeto, así como la intervención de la Segob para hacer gestiones con autoridades locales y municipales.
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