Por Victoriano Martínez
Con el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) la revisión de las cuentas públicas de los entes gubernamentales, la detección de irregularidades y su recuperación no fueron más efectivas y, en cambio, su actuación sigue el sello del sexenio: privilegia posturas propagandísticas en tanto trabaja en la opacidad.
“Las observaciones a las Cuentas Públicas 2023 podrían fácilmente superar los mil millones de pesos, así lo informó Rodrigo Lecourtois López, titular del IFSE…”, son las palabras con que comienza un comunicado de esa institución que distribuyó este 27 de agosto.
“…podrían fácilmente superar los mil millones de pesos…” resulta una expresión con tal tono de jactancia que le resta toda la seriedad que debe de tener cualquier proceso de fiscalización, además de exhibir que se realiza el trabajo con tal prejuicio que se anticipan resultados sin siquiera informar sobre las etapas que se han desahogado del proceso fiscalizador.
De entrada, el ente fiscalizador estatal dejó de publicar a partir del 2021, es decir, en lo que va del sexenio, las Cuentas Públicas de todos los entes fiscalizable. De 2014 a 2020, esos documentos aparecían en la página de Internet de la entonces Auditoría Superior del Estado y cualquier persona podía consultarlas. Hoy reina la opacidad.
Pero el IFSE no sólo oculta la información que en los primeros tres meses del año le aportan los entes fiscalizables para iniciar los procesos de auditoría, sino que todas las acciones de revisión de las cuentas públicas se desarrollan en total opacidad.
Durante este sexenio, la publicación de los informes finales de auditoría se ha retrasado por meses, cuando hasta el último año del sexenio pasado se publicaban el mismo día en que eran entregados por la ASE a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.
Una circunstancia que exhibió, en noviembre del año pasado, el uso de los resultados de las auditorías mantenidas en la opacidad como instrumento para premios y vendettas, entre los que destacó la filtración, hasta en un comunicado, de los montos observados a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) sin que se difundiera el informe.
“De este instituto hay una información que se le da a la Comisión de Vigilancia y luego hay una información que se difunde. No sé si al interior del Congreso [del Estado] o de este mismo Instituto. Es algo que está fuera de nuestras manos o de nuestro alcance, pero es algo natural”, justificó Lecourtois López, como si el IFSE no hubiera hecho la revelación en un boletín.
Tan naturales le resultan al responsable de la fiscalización de los entes públicos las filtraciones, que el año pasado las realizó a través de comunicados oficiales. De haber publicado en tiempo todos los informes individuales de las auditorías, no resultaría tan burda la manipulación de los datos para fines muy alejados de una fiscalización seria.
En el comunicado distribuido este martes, el IFSE no aporta más dato que un potencial monto de observaciones sobre el que llama a los Ayuntamientos a acercarse para “acompañarlos en el proceso de desahogo de sus observaciones preliminares, para que éstas sean solventadas satisfactoriamente”.
“En este sentido, los exhortó para que se acerquen al organismo fiscalizador a aclarar sus dudas y resolver los pendientes que puedan surgir”, concluye el comunicado como si se tratara de un llamado a recibir ofertas como las que entre mayo y junio de 2017 hacían los integrantes de la ecuación corrupta.
Sobre los entes de fiscalización tradicionalmente pesa la sospecha de la operación de maniobras para limpiar las cuentas públicas y entre las observaciones “podrían fácilmente superar los mil millones de pesos” y pedir que se acerquen para “resolver los pendientes que puedan surgir”, combinado con la opacidad, la duda crece.
La falta de datos concretos en el comunicado lo descarta como un documento informativo y lo deja como un acto de vil propaganda que le resta credibilidad a la fiscalización.
