Óscar G. Chávez
Una vez más colapsó el ducto de distribución de agua de la presa el Realito; otra de tantas que ocurren casi desde que se puso en funcionamiento. Las fallas técnicas son responsabilidad absoluta de Aquos, la compañía operadora, pero la falta de acción y medidas reales que obliguen a la compañía a subsanarlas es de los gobiernos estatal y municipal, sin distingo de porcentajes.
Algo ocurre con esta empresa, a diferencia de otras, que el gobernador tan acostumbrado al vituperio y la desacreditación mediática, duda en emprenderla contra ella; incluso, sus litigios en medios de comunicación y redes sociales, prefiere dirigirlos contra el Interapas o el Ayuntamiento de la capital y sus titulares, antes que contra la empresa.
A diferencia de Tanque Tenorio, donde la empresa que lo manejaba tuvo que salir luego de que el gobernador decidió suspender el contrato, ampliando sus odios también contra la institución bancaria que garantizaba el pago, aquí nada ha podido hacer. Algo similar a lo que ocurrió con la empresa que se ocupa del funcionamiento de las casetas de peaje en los libramientos del complejo industrial, que no logró amedrentar con sus bravuconerías.
En medio de esta última falla del acueducto, fue el secretario general de gobierno quien, en su papel de plomero o fontanero o técnico especializado en conductos de abastecimiento hídrico, trató de disminuir la responsabilidad de la empresa y señaló que había sido reparada la falla, pero hubo vandalismo en el tramo reparado.
Lo cierto es que la reparación una vez más no fue la ideal ni la requerida. Vandalismo es el atenuante logístico para la exculpación y evasión de responsabilidades, no sólo de la empresa sino también de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Gobierno del estado y el Ayuntamiento de la capital. Dentro de esta misma estrategia resulta curioso que sea el secretario y no el titular de la CEA quien salga a dar respuestas sobre el caso. ¿Será que ya también en Lupe tenemos un todólogo?
El único comentario analítico y razonado hasta donde le es posible, porque tampoco es especialista en ingeniería hidráulica y hasta donde se sabe tampoco en contratos y blindajes (o quizá ya lo sea), vino del diputado Rubén Guajardo, al señalar la necesidad de analizar detenidamente la opción de rescindir el contrato con la empresa. Asesoría especializada en el tema, propuso, pero ¿a qué abogado o despacho especialista en esos asuntos se podría recurrir como asesor?, porque más allá del despacho jurídico del general de gobierno (que mucha y muy buena gala hace del tráfico de influencias) no se recurre a otro.
También, por parte del Ayuntamiento de la capital ya no se cuenta con un cuerpo jurídico adecuado; recordemos que la luminaria enciclopédica e inefable que era la señora síndica, se encuentra preparándose para su próxima función como concejal en el municipio de Pozos. Por lo demás, si se recurriera al abogado dorado habría dos posibilidades: que el costo supere al beneficio, o que al mismo tiempo litigue en favor de la empresa. Ni para donde hacerse.
Lo más probable es que dentro de unos años, poco menos de dos sexenios, la misma empresa continúe operando la presa, con los mismos vicios, las mismas fallas y una autoridad tan abúlica e incapaz como la actual.
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En otros asuntos. Con todo y que ambos sean potosinos, no es lo mismo que un diputado federal verde, joven de apellidos altisonantes, se pronuncie a favor de la reforma al Poder Judicial a que lo haga un diputado morenista. No se ven los rencorosos y lagrimeantes reproches en redes sociales, ni las inquisitivas columnas y los zolános desplegados acusatorios en medios impresos. El doble racero de los inmaculados.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
