Fernanda Durán
El comisionado presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), José Gerardo Navarro Alviso, se pronunció en contra de la reforma constitucional que busca la desaparición de los organismos autónomos en el país, por lo que buscará preservar un órgano o institución con características específicas que mantenga la garantía de estos derechos, diseñado para operar dentro del marco de la regularidad constitucional sin violar la Constitución de México ni la del estado.
En entrevista con Astrolabio Diario Digital, Navarro Alviso expresó su preocupación por las implicaciones que esta reforma podría tener tanto a nivel nacional como local, especialmente en materia de acceso a la información pública y la protección de datos personales.
“Esta reforma no es la medida adecuada para proteger los derechos que los órganos garantes tutelan. La desaparición de estos organismos no sólo es innecesaria, sino también peligrosa”.
Explicó que, aunque el sistema actual requiere ajustes y mejoras, eliminar estos órganos autónomos sería un error grave y “volveríamos a una época en la que la transparencia y la rendición de cuentas eran conceptos prácticamente inexistentes. Es un retroceso de más de 20 años”.
El comisionado subrayó que la reforma, ya aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales el pasado 23 de agosto, pone en riesgo la estructura institucional que permite a la ciudadanía a acceder a la información pública y proteger sus datos personales.
Asimismo, reiteró que la desaparición de los organismos autónomos no es sólo una cuestión técnica o administrativa, sino una cuestión de derechos humanos fundamentales.
“La desaparición de estos órganos implica que la protección de los datos personales y el acceso a la información pública vuelvan a estar bajo la rectoría directa del Estado, lo que genera serias preocupaciones. En este contexto, cualquier ciudadano quedaría expuesto, sin un ente independiente que garantice la correcta administración y protección de su información”.
Esta situación, según el comisionado, podría resultar en un control absoluto por parte del gobierno sobre la información, lo que elimina la posibilidad de que la población cuestione o soliciten transparencia en el uso de los recursos públicos.
Aunado a ello, considera que los argumentos presupuestarios utilizados para justificar la reforma son engañosos.
“Se dice que mantener estos organismos es un gasto excesivo, pero esto es completamente falso. A nivel nacional, su costo no representa ni el uno por ciento del presupuesto federal, y en lo local es igualmente insignificante. Lo que realmente está en juego aquí no es una cuestión económica, sino la esencia misma de nuestra democracia”.
El comisionado llamó a las nuevas legislaturas, tanto federal como estatal, a reflexionar sobre el impacto de esta reforma y a mantener un diálogo abierto con la ciudadanía, incluso buscará el acercamiento con los nuevos diputados y diputadas locales para buscar la manera de preservar una institución garante del acceso a la información.
“Es crucial que las autoridades electas escuchen a los ciudadanos y consideren opciones que permitan preservar estos derechos fundamentales. Si bien la reforma parece inevitable, debemos buscar la manera de mantener un órgano garante que continúe protegiendo la transparencia y los datos personales”, instó.
En este sentido, Navarro Alviso sugirió la posibilidad de transitar hacia un órgano con características específicas que garantice la continuidad de estos derechos en San Luis Potosí y del trabajo que realiza la institución.
“CEGAIP ha sido un modelo en transparencia a nivel local. Si estos órganos desaparecen, ¿quién protegerá al ciudadano?, ¿quién garantizará que el gobierno actúe con transparencia? No podemos permitir que estos derechos retrocedan”.
La reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene como objetivo eliminar los órganos autónomos en México, redirigiendo los recursos presupuestarios hacia programas sociales.
Esta propuesta, que fue aprobada inicialmente por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, será revisada por la nueva legislatura en septiembre.
Entre las instituciones que se busca desaparecer se encuentra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Según el dictamen aprobado, las funciones de estos órganos se transferirían a diversas dependencias del gobierno federal y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En el caso del INAI, sus responsabilidades en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales serían absorbidas por las autoridades de control interno y vigilancia, siguiendo los lineamientos de la ley general en la materia.
Además, el Instituto Nacional Electoral (INE) asumiría la competencia en asuntos relacionados con partidos políticos. La reforma también contempla respetar los derechos laborales de los servidores públicos afectados.
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