Antonio González Vázquez
El hostigamiento y acoso sexual son una forma de la violencia de género que puede alcanzar su extremo más atroz con la muerte, como sucedió a una mujer de 22 años asesinada por negarse a iniciar una relación de pareja.
A la joven Monserrat la asesinó Pablo. Su pretendiente la mató de un disparo de escopeta en la comunidad de Estación Ventura, municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Incidente trágico con el que culminó un acto de acoso.
Sostenían una relación de amistad, pero él buscaba ir más allá y al ser rechazado, empezó a acosarla, recurrió a la persecución y luego a las amenazas para finalmente asesinarla.
Ese suceso ocurrido por la mañana del pasado viernes 30 de agosto, revela la situación de vulnerabilidad de las mujeres en San Luis Potosí. El acoso terminó fatalmente en un feminicidio que conmocionó a la sociedad al alcanzar una difusión masiva en medios y redes sociales.
El acoso y hostigamiento son delitos que no suelen ser denunciados por las víctimas, de modo que no quedan registrados y los agresores quedan en la impunidad.
De acuerdo con los datos más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a julio del año en curso, se denunciaron 204 incidentes de acoso sexual y 20 de hostigamiento sexual.
El 2023 cerró con 307 denuncias por acoso y 44 por hostigamiento.
Sin embargo, esa estadística puede quedarse muy distante de reflejar la realidad: según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la cifra negra de delitos en los cuales no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación, alcanzó en la entidad 92.8 por ciento.
Podrían ser centenares o miles de casos que se quedan en la oscuridad de lo no denunciado porque entre otras causas, las víctimas desconfían en las instituciones de procuración de justicia o bien, porque lo consideran una pérdida de tiempo.
La cifra negra de amenazas verbales no denunciadas es de 85.9 y la de lesiones de 80.4 por ciento, respectivamente.
La denuncia es muy importante para contener las conductas presuntamente delictivas, aunque lo sería más que las autoridades judiciales muestren mayor eficiencia, pues de acuerdo con la Envipe, apenas 2.6 de los presuntos delincuentes fueron puestos a disposición de un juez.
