Fernanda Durán
La consejera ciudadana de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Claudia Espinosa Almaguer, presentó un escrito ante el Congreso del Estado para exponer las irregularidades y amenazas que ha enfrentado en el ejercicio de su función, además de las razones por las que no ha asistido a las reuniones entre el Legislativo y dicho consejo.
El oficio dirigido a las comisiones de Derechos Humanos e Igualdad y Género, así como a la Comisión de Gobernación, expone hechos relacionados con la gestión interna de la CEDH. Esto debido a una reunión programada para este 4 de septiembre en la que las víctimas dieron un ultimátum para que los consejeros acudan de manera presencial o exigirán su renuncia, particularmente de Claudia Espinosa Almaguer.
Espinosa Almaguer detalló en su escrito la situación que ha desencadenado su decisión de no asistir a la sesión de trabajo programada para el 4 de septiembre.
De acuerdo con la consejera, durante la sesión extraordinaria número 34, celebrada el 30 de agosto, recibió amenazas directas y acusaciones por parte de un grupo de víctimas que presionan por su renuncia.
Espinosa citó textualmente una de las amenazas: “Si no hacemos acto de presencia, particularmente yo, van a venir aquí a pedir mi renuncia o van a ir por mí”.
En su documento, abordó cuatro puntos clave: los antecedentes del conflicto; la reunión clave del 5 de julio; conducta violenta y posible corrupción; transparencia y peticiones pendientes.
La consejera expuso que desde abril de 2024, un grupo de víctimas había solicitado la intervención del Consejo para resolver sus quejas contra la Primera Visitadora General. El 24 de abril, las oficinas de la CEDH fueron cerradas por los manifestantes, lo que llevó a una serie de decisiones extraordinarias para continuar con la atención a los usuarios.
Espinosa Almaguer relató que en una sesión extraordinaria realizada el 5 de julio, la presidencia solicitó la entrada de Juan Manuel Frías Sánchez y Miguel Ángel Carbajal Martínez para explicar acuerdos con las víctimas.
La consejera cuestionó la legalidad de estos acuerdos al señalar que Frías Sánchez, ex secretario ejecutivo, no tenía una función clara en ese momento.
“El grupo de víctimas podría estar siendo usado para fines personales, lo cual no es legal ni transparente”, afirmó.
En la sesión extraordinaria número 40 del 19 de julio, Espinosa Almaguer reveló información sobre actos de violencia y conductas corruptas dentro de la CEDH, por lo que solicitó que la versión estenográfica de esa sesión fuera enviada a la Contraloría. Sin embargo, la solicitud no ha sido cumplida y la información no ha sido publicada.
La consejera denunció la falta de transparencia en la publicación de las versiones estenográficas y los acuerdos del Consejo.
“Se ha solicitado que los acuerdos y versiones estenográficas sean accesibles en la página web de la CEDH, pero hasta la fecha no se ha cumplido”.
Añadió que también se han pedido informes sobre pagos a despachos particulares sin recibir respuesta.
En cuanto a las versiones estenográficas de cada sesión, la presidenta de la CEDH, Giovanna Argüelles Moreno, ha asegurado que deben estar públicas, pero la plataforma estatal de transparencia contiene formatos con un aviso en el que señala las fechas en que fueron realizadas las reuniones y “se reporta la información concerniente a la presente obligación de transparencia las actas relativas se encuentran en proceso de elaboración, aprobación y firma”.
En su declaración, Espinosa Almaguer también destacó su compromiso con la legalidad y el cumplimiento de sus funciones, rechazando cualquier insinuación de mala conducta.
“No voy a renunciar, pero me pongo a disposición del Congreso si me quiere llamar a comparecer o si quiere iniciar una investigación en contra mía, pero lo que yo no voy a aceptar, es violencia (…). En eso consiste este escrito; justificar porque no voy a ir a la sesión de hoy y por qué estoy señalando un conjunto de omisiones de información a medias y particularmente en este caso yo considero que se está instrumentalizando a las víctimas”.
La denuncia de Espinosa Almaguer ha puesto en evidencia una crisis de gobernanza dentro de la CEDH y ha solicitado al Congreso del Estado que investigue a fondo las irregularidades expuestas.
La situación sigue desarrollándose, y se espera que el Congreso tome medidas para aclarar estos asuntos y garantizar la correcta operación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
