Marcela Del Muro
“Podría salir en la audiencia del 2 de octubre”, dice Susana Cruz sobre el feminicida de su hija Lupita. El hombre de 27 años solicitó el cambio de medidas cautelares para ser liberado de forma inmediata a cambio de hacer trabajo social; esto tras aprobarse la reducción de su sentencia, quedando en tres años de prisión. La madre espera la resolución de una apelación, pero piensa que es prácticamente un hecho el recorte de la pena y teme sea liberado la próxima semana. Se siente decepcionada, molesta y, sobre todo, preocupada por el futuro del proceso judicial y las consecuencias que tendrá en la seguridad de su familia.
De cumplirse la sospecha, Guillermo Castillo habrá pasado más tiempo prófugo que cumpliendo la condena por el secuestro y feminicidio de Lupita Viramontes.
Castillo estuvo casi una década escondiéndose hasta su recaptura el pasado 15 de febrero, en Ahualulco. Le quedaban por cumplir 15 años y nueve meses de una pena de 17 años, una de las sentencias más altas en el estado para un adolescente infractor.
Para Susana esa sentencia es relativamente justa. La premeditación, saña y violencia ejercida, aquel 29 de junio de 2012, por Guillermo y su hermano, de 15 y 18 años, en contra de su hija Lupita, próxima a cumplir 16 años, fue desmedida.
El primer movimiento de la defensa fue solicitar la reducción de la sentencia de 17 a tres años de prisión, aplicando la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Judicialmente, para este caso, Guillermo tiene 15 años y la condena máxima que señala la ley son tres años de internamiento. El juzgado aprobó la disminución de la pena el pasado 25 de marzo. Al día de hoy le quedan por cumplir un año y dos meses de cárcel.
“Sé que están aplicando la ley, pero es absurdo que alguien que estuvo prófugo 10 años, pague un abogado para que le tramite un cambio y se lo otorgan, como si lo hubieran premiado por fugarse”, piensa Susana.
La Ley nacional de adolescentes describe la sanción como una medida para la reinserción social y la reparación del daño, para que el adolescente se responsabilice activamente de los delitos cometidos. Para Susana, Guillermo no ha cumplido; además, le preocupa lo señalado en su perfil psicológico: “puede actuar bruscamente y tener dificultad en el control de impulsos”, y tiende a proyectar tendencias obsesivas.
El 2 de abril la madre apeló la decisión del juez, argumentando que su familia ha estado en peligro desde antes del feminicidio. Los adolescentes llevaban seis meses amenazando a Susana y a su esposo con secuestrar a alguno de sus tres hijos; entonces, simularon el secuestro y mataron a Lupita. Mientras los padres buscaban a su hija, los Castillo intentaron dañar a los otros dos, Felipe y Frida.
Tras la fuga de Guillermo, el día de su sentencia, la sensación de riesgo se mantuvo latente en la vida de los Viramontes. Hasta el 2023, que el peligro fue palpable, un perfil falso intentó contactar con Frida para supuestamente darle información sobre el prófugo, citándola en Ahualulco, el lugar donde vivía y fue detenido unos meses después. En esa ocasión, se puso una denuncia contra Guillermo por amenazas. Desde entonces, familiares de los Castillo rondan la casa de los Viramontes en Soledad de Graciano Sánchez.
Susana ha esperado seis meses para que se resuelva la apelación por la reducción de la pena; sin embargo, el próximo 2 de octubre habrá una audiencia para resolver el cambio de medidas de Guillermo, una solicitud que se realizó después de su trámite.
Una desgastante apelación
El desinterés y la negligencia de las autoridades obligaron a Susana a aprender de leyes para defenderse jurídicamente. Sin embargo, en esta ocasión, la Sala que analizará su apelación solicitó que se le asignara un representante legal de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), pues es un derecho señalado en la Ley.
Susana habló con el comisionado de víctimas, Miguel Angel García Amaro, y solicitó dos cosas: primero, se le asignara una asesora victimal con la que ya había trabajado en un amparo; segundo, que el abogado que abandonó su expediente en el inicio de la investigación no tomara su caso.
Para sorpresa de la madre, el oficio de la CEEAV llegó a los juzgados con ambos abogados asignados para representarla, pero el esposo y el hijo, que también son reconocidos como ofendidos, no estaban incluidos. La sala descartó a la abogada y asignó al abogado omiso, pero pidió a la familia la confirmación de este movimiento.
“¿Cómo puede ser posible? Era un asunto que ya habíamos hablado”, reclamó Susana a García Amaro. El titular de víctimas aseguró que la confusión fue del juzgado y su documento está correcto. Por su parte, el Poder Judicial se deslindó de responsabilidades: el error en la asignación de la representación legal ha provocado el retraso en la resolución de la apelación.
Susana solicitó una reunión con el juez encargado de resolver el cambio de medidas de Guillermo, Ernesto Rivera Sánchez, del Juzgado Segundo de ejecución de penas y medidas y especializado en adolescentes y ejecución de medidas del sistema tradicional.
“Él, estoico, me dice que su decisión va a estar apegada completamente a derecho y que ya leyó la resolución que estoy apelando y que es una resolución apegada completamente a derecho, casi me dice que la van a negar”, recuerda la madre.
Susana, preocupada, le explicó al juez la impotencia por la disminución de la sentencia, el peligro que podría tener su familia ante la liberación y señaló que las víctimas y sus derechos no son tomados en cuenta cuando el victimario es un menor de edad. “Entonces, dígame ¿dónde está el sentido de la justicia?”, le preguntó la madre.
“Y me dice el juez que tendrías que ir a la sala para decirles que resuelvan antes de que él lleve a cabo la audiencia, que es lo único que hay que hacer”.
Susana considera que la seguridad y los derechos humanos de su familia no son prioridad para el Poder Judicial, aunque de ellos dependa la libertad de un hombre que ha causado tanto daño y dolor en sus vidas.
“La ley de justicia para menores es una ley hecha para proteger delincuentes y asesinos, que pone el interés superior del adolescente infractor por encima de los derechos de las víctimas y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, finaliza la madre.
