Por Victoriano Martínez
La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) nunca se ha caracterizado por luchar por que se haga efectiva la transparencia en el Estado y, quizá pueda ser mera coincidencia, pero a partir de que los tres integrantes de su pleno son personajes nombrados en este sexenio, la difusión de información pública cayó como nunca.
Ana Cristina García Nales fue nombrada comisionada de la CEGAIP el 30 de junio de 2022, la primera integrante nombrada en el actual sexenio. Compartió el pleno con los comisionados David Enrique Menchaca Zúñiga y José Alfredo Solis Ramírez, quienes fueron nombrados todavía en el sexenio de Juan Manuel Carreras López.
Al fin comisionados con algún tipo de compromiso con las autoridades, mantuvieron una inercia de nula vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados, al grado que toleraron que cada mes se publicara menos información de la que la Ley obliga a difundir de oficio.
Durante 2023, en enero el cumplimiento de esas obligaciones –según el reporte de la Plataforma Estatal de Transparencia (PET) administrado por la CEGAIP– fue el 78.71 por ciento, en tanto que para el mes de agosto había bajado al 69.26 por ciento. Una caída de 9.45 puntos porcentuales que representa un decremento del 12 por ciento.
El pasado 27 de junio, el Congreso del Estado nombró a José Gerardo Navarro Alviso como presidente de la CEGAIP en sustitución de Menchaca Zúñiga, y a Sara Viridiana Tapia Rincón como comisionada para sustituir a Solis Ramírez.
El pleno de la CEGAIP ya está integrado totalmente por personajes nombrados durante este sexenio, que se ha caracterizado por llevar al extremo el ocultamiento de información pública, por mucho que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona proclame ser muy transparente.
Una circunstancia de opacidad que coloca a los tres primeros comisionados del sexenio gallardista en la disyuntiva de mostrarse verdaderos convencidos de la transparencia –lo que tradicionalmente no ha ocurrido– o a ser un trío más que trabaje como simples encubridores de la opacidad gubernamental.
Han pasado 82 días desde que fueron nombrados los dos más recientes integrantes de la CEGAIP y, salvo entrevistas en las que Navarro Alviso expresa lugares comunes y confunda al órgano garante con los derechos que tutela, no ha hecho un solo pronunciamiento que exhorte a los sujetos obligados a cumplir con la Ley de Transparencia.
Al repetir el ejercicio de verificar en la propia Plataforma Estatal de Transparencia administrada por la CEGAIP el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en el mismo periodo de enero a agosto de este año, el resultado es alarmante.
En el pasado mes de enero, el nivel de cumplimiento de las obligaciones de transparencia fue del 79.27 por ciento, en tanto que para el mes de agosto había caído a un 63.14 por ciento. Una disminución de 16.93 puntos porcentuales que proporcionalmente representan que se dejó de cumplir el 20.35 por ciento de lo que se cumplía al inicio del año.
Si se observa la tendencia en la disminución del cumplimiento de las obligaciones de transparencia entre enero y junio, cuando aún no cambiaban a dos comisionados, la reducción fue en promedio de 0.71 por ciento, en tanto que, en los siguientes dos meses, tras la llegada de los nuevos comisionados, el cumplimiento cayó un 15.79 por ciento.
Si el hecho de que los sujetos obligados cumplan cada vez menos con sus obligaciones de transparencia es de por sí grave, hay una cuestión mucho más reprobable que arrastra la CEGAIP desde hace varios periodos de comisionados: no mueve un solo dedo para obligar a los incumplidos –la inmensa mayoría– a que se ajusten a la Ley.
O una de dos: los comisionados son tan ignorantes en el tema que ni siquiera conocen las estadísticas que cualquier persona puede consultar en la Plataforma Estatal de Transparencia y por eso no actúan, o de plano confirman que fueron nombrados para ser simuladores y garantizar el encubrimiento a la opacidad.
Su actitud los coloca en la segunda opción, sobre todo, si se considera que la comisionada Tapia Rincón se desempeñó como verificadora en la propia Comisión.
Si se compara la reducción del cumplimiento entre junio y agosto del año pasado con el mismo periodo de este año, con comisionados nombrados este sexenio, resulta que mientras hace un año esa caída fue del 10.56 por ciento contra una del 15.79 por ciento ahora. ¿Una CEGAIP mucho más permisiva?
Es como si la confianza en incumplir la ley con total impunidad hubiera crecido de 10 a 15 porque los comisionados son del mismo equipo de opacidad.
Un indicador bastante preocupante si se toma en cuenta que son apenas los dos primeros meses de los dos comisionados recién llegados. ¿Se imagina el grado de opacidad que están dispuestos a encubrir conforme agarren más confianza?
