Estela Ambriz Delgado
Las empresas inmobiliarias que han construido en la Sierra de San Miguelito deberían pagar los costos del impacto ambiental que han generado, pues las inundaciones acontecidas en la ciudad en días pasados, además de las afectaciones en autos y viviendas, quienes terminan pagando la infraestructura para remediar el problema es la ciudadanía, consideró el doctor en Arquitectura Sustentable, Edgar Hilario Piña Hernández.
Dado que las inundaciones han empeorado durante esta época de lluvias, Piña Hernández, quien además es integrante del Consejo Hídrico Estatal, señaló que las autoridades omiten mencionar que las inversiones necesarias para remediarlo saldrán de los impuestos de las y los potosinos, lo que se convierte en una forma de subsidio para los constructores que causan esos daños ambientales, pues transfieren el costo al grueso de la población.
En este sentido, subrayó que los constructores que han hecho esos desarrollos en la sierra generan un impacto ambiental y daños en la propiedad privada de muchas personas que viven aguas abajo, lo que se pudo observar con las inundaciones, mismo que para poderlo remediar el gobierno tiene que invertir el dinero de los impuestos de toda la población, y ese debería ser un costo que las inmobiliarias tendrían que asumir.
Piña Hernández dijo que estas constructoras saben de antemano que van a tener un impacto, pero nunca han tenido la decencia de intentar medirlo como para poder amortiguarlo o remediarlo, simplemente transfieren el costo de toda esa infraestructura al resto de la ciudadanía y eso les permite mantener márgenes de utilidad muy altos y construir en toda esa zona.
“Si realmente tuvieran que pagar por los efectos que van a causar en el resto de la ciudad, probablemente ni siquiera sería económicamente viable construir en la sierra. Sin embargo, no existen mecanismos legales ni estudios en este momento con los que se les pueda tazar o poner algún impuesto especial para que todas esas viviendas que están en esa zona y afectando, participen de los costos de los daños que están generando”.
Por otra parte, el arquitecto destacó que la construcción de toda esa infraestructura que se requiere es también un negocio del gobierno, porque es del dominio público que esos proyectos de infraestructura se terminan asignando a gente cercana a las autoridades, por lo que de su parte hay un evidente desinterés de que haya una solución de fondo a la problemática, porque “a final de cuentas sigue siendo un negocio para todos, excepto para la población”.
