Maria Ruiz
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí ha incumplido con la implementación de un ajuste razonable ordenado por un tribunal laboral a favor de Mariana Hernández Noriega, activista y defensora de las personas cuidadoras familiares no remuneradas, quien además preside la organización Cuidadoras Porosinas.
A pesar de que el fallo se emitió el pasado 8 de agosto de 2024, la delegación del IMSS y su Jefatura de Personal aún no han acatado la sentencia que exige adaptar las condiciones laborales de Mariana, quien es madre cuidadora de un hijo con discapacidad. Esta omisión representa un incumplimiento que pone en riesgo el bienestar de su hijo como los derechos laborales de Mariana, al incurrir en discriminación hacia ambas personas con discapacidad.
El tribunal laboral, tras un juicio con perspectiva de género y derechos humanos, ordenó no sólo la reinstalación de Mariana en su puesto dentro del IMSS, sino también el establecimiento de un ajuste razonable que le permita continuar trabajando y cuidar de su hijo al mismo tiempo.
No obstante, más de un mes después de la sentencia, el ajuste razonable sigue sin implementarse, lo que obliga a Mariana a dejar a su hijo sin supervisión para cumplir con su trabajo, lo que incrementa el riesgo de una tragedia.
Mariana dijo que este caso marca un precedente histórico, tanto a nivel estatal como nacional, ya que es uno de los primeros en reconocer formalmente la doble carga que enfrentan miles de madres cuidadoras en México. Sin embargo, la falta de acción del IMSS ha generado críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos, que señalan que la institución viola las leyes laborales, así como el bienestar de una familia vulnerable.
“El ajuste razonable, reconocido en el marco laboral mexicano e internacional, tiene como objetivo adaptar las condiciones de trabajo para personas con responsabilidades familiares, asegurando que puedan cumplir con sus obligaciones laborales sin desatender el cuidado de sus seres queridos”, dijo.
El incumplimiento del IMSS no sólo viola este derecho, sino que desatiende la sentencia judicial que obliga a la institución a actuar de manera inmediata.
La situación de Mariana, además de representar un incumplimiento legal, también es un riesgo grave para su hijo, quien queda sin supervisión mientras su madre acude a trabajar.
“¿Hasta cuándo se implementarán los ajustes razonables? ¿Acaso deberá ocurrir una tragedia para que la institución de salud más grande de México, que debería ser ejemplo de protección social, cumpla con lo ordenado por la ley?“, se preguntó.
Aunque la reinstalación laboral de Mariana ya es un hecho, su vida como madre cuidadora sigue llena de incertidumbre. Este caso no es aislado; refleja la realidad de cientos de madres cuidadoras en San Luis Potosí y todo México, quienes diariamente enfrentan la falta de apoyo institucional y la omisión de sus derechos laborales.
“La implementación del ajuste razonable no puede seguir siendo postergada. Las autoridades del IMSS deben actuar antes de que ocurra una tragedia que se pudo evitar, simplemente cumpliendo con lo dictaminado por el tribunal”.
