José de Jesús Ortiz
En la recta final del juicio oral del proceso que se sigue en contra de Miguel Ángel Lutzow Steiner, extitular de la Secretaría de Salud en el estado, la Fiscalía General del Estado ofertó en la audiencia de este martes el testimonio de dos testigos —en su momento con posiciones directivas en la dependencia de Salud—, con los cuales buscó sostener que el acusado autorizó a través de un documento la solicitud para la compra simulada de un plaguicida para combatir el dengue, origen de la denuncia penal.
Se trata de un documento en el que Lutzow Steiner, según los testigos, habría autorizado al Departamento de Control de Enfermedades Transmisibles por Vector la compra del plaguicida, en abril de 2020, a la empresa regiomontana Public Health Supply and Equipment de México, por el que se pagaron poco más de 32 millones de pesos. Un documento no incorporado como medio de prueba en el auto de apertura a juicio y que, por tanto, de acuerdo a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, carecería de valor probatorio.
Según la defensa del exfuncionario, es un documento inexistente, fabricado para afectarlo, con una firma que se sobrepuso en otro documento y del que solo se incluyó una copia (no el original) en la carpeta de investigación y que no fue presentado como medio de prueba para ser desahogado en el juicio oral. “Lo que vimos hoy es una actuación de la Fiscalía desapegada y sucia, tratando de violentar el proceso al introducir en dos testigos un documento que no existe en juicio”, cuestionó al final de la audiencia el abogado Alejandro Manríquez Laguna, titular del despacho MLegal, que lleva la defensa.
En la audiencia realizada este martes en la Sala 5 del Centro Integral de Justicia Penal de La Pila, la FGE ofreció los testimonios de Patricia N., subdirectora administrativa en los Servicios de Salud; así como de Juan Francisco N., exjefe del Departamento de Control de Enfermedades Transmisibles por Vector de los Servicios de Salud, ambos funcionarios de la dependencia en 2020 cuando se dio la firma del contrato con la empresa regiomontana. En esencia, reiteraron el testimonio que habían ofrecido en declaraciones ante el ministerio público para integrar la carpeta de investigación sobre diversas reuniones efectuadas por los Servicios de Salud, en las que se acordó la compra del plaguicida y en las que habría participado Lutzow Steiner, junto a otros exfuncionarios.
De un tercer testigo que estaba programado para la audiencia de este martes, el secretario particular de Mónica Rangel en su etapa como secretaria de Salud, no fue presentado el testimonio pues la presidenta del Tribunal de Enjuiciamiento, Claudia Hernández Ibarra, expuso que la Sala de Juicio Oral se ocuparía para otra audiencia, por lo cual no podía continuar la sesión.
En la audiencia, luego de decretarse un receso solicitado por la Fiscalía para que una de sus representantes tomara un medicamento, el abogado defensor expresó su molestia, pues aseguró que el segundo testigo que se ofertaría, Juan Francisco N., de forma indebida se reunió con representantes de la FGE en una sala que utiliza la dependencia en el Centro de Justicia Penal, lo cual a su juicio contaminaba el testimonio que presentaría.
También, por vez primera, en la audiencia de juicio oral estuvieron presentes familiares del doctor Lutzow Steiner provenientes de la Ciudad de México. A dos de los cuatro familiares, operadores del Centro de Justicia Penal de La Pila les habían negado el derecho de estar presentes en el desarrollo de la audiencia, contrariando el principio de publicidad previsto en el artículo 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Por ello, antes de iniciar la presentación de los testigos, la defensa del exfuncionario presentó de forma verbal una incidencia y pidió a la presidenta del Tribunal de Enjuiciamiento se les permitiera el ingreso a la audiencia de juicio oral. Tras la petición, el Tribunal expuso que no había oposición alguna para que pudieran estar en la audiencia y ordenó que se les permitiera ingresar.
El testimonio de Patricia N.
Subdirectora administrativa en los Servicios de Salud de 2017 a 2022, Patricia N., fue ofertada por la Fiscalía como uno de sus testigos principales en el juicio que se sigue a Miguel Ángel Lutzow Steiner. Fue ella la responsable de hacer la transferencia bancaria en abril de 2020 a la empresa regiomontana en la compra simulada del plaguicida. Por la misma causa penal por la que se procesó y sentenció a Mónica Rangel Martínez, extitular de Salud, fue detenida y vinculada a proceso en 2022.
Dicha compra del plaguicida fue solicitada por el Departamento de Control de Enfermedades Transmisibles por Vector, a cargo en ese momento de Juan Francisco N., el otro testigo presentado en la audiencia.
“Eso se pasa al área administrativa, nosotros revisamos toda la documentación soporte; si está toda la documentación soporte, entonces se realiza la transferencia”.
Aseguró “haber escuchado” que en alguna de las reuniones de trabajo que se tenían en los Servicios de Salud se dijo que ese producto no sería entregado, que se pagaría a la empresa y posteriormente se reintegraría el dinero.
“Supe de manera extraordinaria en una reunión que ese insumo no se había entregado; en una reunión se había comentado que esos 32 millones se iba a hacer una compra, pero que se iba a hacer la devolución a los Servicios de Salud”.
—¿Quién le dio esa información? —, inquirió la Fiscalía.
—En una reunión, lo comentaron, había varias, había muchas reuniones, precisamente por la cuestión de la pandemia—, respondió.
En su respuesta, dijo “que comentaron” que en esas reuniones estuvieron diversos funcionarios y citó a Emmanuel N., subdirector operativo; la titular de la Secretaría de Salud; Francisco N., el secretario particular; Lutzow Steiner; Juan Francisco N., del departamento de vectores; así como el esposo de la secretaria.
También dijo que posteriormente se les convocó a otra reunión efectuada “el 28 de mayo de 2022” en la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), ubicada en la calle de Cinco de mayo y en la que estuvieron los mismos funcionarios, además del apoderado legal de la empresa, Fernando N., quien “llegó con dos personas más y dejaron unas maletas en la sala de juntas, se acerca a las maletas el esposo de la doctora y las revisa”.
Aseguró que eran cuatro maletas “con fajos de dinero”, a lo cual el apoderado expresó que “era el pago de abril”.
En su turno, la defensa jurídica de Lutzow Steiner inició el contrainterrogatorio:
—¿Cuánto tiempo tuvo de conocer al doctor durante el tiempo que usted estvo en el sector salud?
—Lo conocí en alguna reunión a nivel federal, después llegó a la Secretaría. Aproximadamente seis o siete años.
—Usted conoce a la pareja del doctor Lutzow, ¿cierto?
—Supe que era casado.
—La pregunta es si conoce a la doctora Mayra.
—¿Mayra qué? Había muchos médicos en la Secretaría.
—Doctora Mayra Hernández Martínez
—Sí creo que sí, estuvo en alguna área de la Secretaría.
—Fue su jefa ¿cierto?
—¿Mi jefa?
—Usted la buscó junto con un abogado en una etapa del proceso penal para ofrecerle terminar este caso ¿es así?
—Objeción, esa información no la ha vertido la testigo—, replicó la Fiscalía.
—El contraexamen es para obtener información que no ha vertido el testigo—, respondió la defensa.
—La información debe venir de la testigo no de las partes, puede continuar con su ejercicio—, valoró la presidenta del Tribunal.
Posteriormente, la testigo aseguró que el extitular de Salud Pública firmó el citado documento de autorización de la solicitud de compra del plaguicida. Un documento citado en la audiencia que en ningún momento se mostró a la testigo por parte de la Fiscalía para que lo reconociera, igual que sucedió en el interrogatorio al siguiente testigo.
Patricia N. concluyó sus respuestas reconociendo que en la reunión efectuada en mayo de 2020, cuando se reintegró el dinero por parte del apoderado de la empresa, nunca contó el dinero, sólo vio las maletas que llevó a la sala de reuniones de Coepris el apoderado legal de la empresa Public Health Supply and Equipment de México.
Tras ello y luego de que el Tribunal declarara liberada a la testigo, una de las representantes de la Fiscalía solicitó un receso para poder tomar un medicamento para controlar la presión, el cual fue concedido.
El testimonio de Juan Francisco N.
Al concluir el receso, antes de continuar la audiencia, Manríquez Laguna presentó una incidencia y, con molestia, dijo que la Fiscalía se conducía con falta de probidad pues de forma indebida el testigo que presentarían estuvo en una sala de espera de la dependencia, cuando tendría que haber permanecido en el área de testigos.
“Estoy molesto, eso no se debe hacer, considero que la sanción correspondiente tendrá que ser la exclusión de ese medio de prueba (el testigo) porque está contaminado de alguna u otra forma. Porque entonces tendría que justificarme qué estaba haciendo el testigo [con la agente fiscal] y solicitaría que se me ocurría traslado del medicamento que tomó la fiscal, y del tiempo por cuál se tardó. Ustedes lo ven como algo muy accesorio, pero el señor está peleando por su libertad y lo que nosotros buscamos es un proceso penal justo, eso lo mínimo que nosotros solicitamos. Nosotros no estamos trabajando tramposamente, ni suciamente ni nada. Entonces que se justifique qué estaba haciendo el testigo ahí”.
Ante ello, la representante de la Fiscalía que había solicitado el receso, expresó que debe tomar medicamentos para controlar la presión; dijo haber estado en esa sala de espera y ahí se acercó el testigo a preguntarle dónde podía cargar su teléfono pues venía de la ciudad de Monterrey y se le estaba descargando, a lo cual le indicó que no podía estar en esa área.
“No viene a hacer ninguna actividad inadecuada, no es mi manera de conducirme y no voy a engañar a este Tribunal”, expuso.
La presidenta del Tribunal de Enjuiciamiento consideró que no había elementos para desconfiar de las partes y desestimó la petición de la defensa: “no tendríamos por qué dudar de ninguna de las partes”, pidió a todos conducirse con la “debida probidad”.
A los agentes de la policía procesal presentes en la Sala de Juicio Oral, les ordenó verificar que los testigos no tuvieran comunicación con las partes, pues “vienen a declarar y no pueden ser contaminados”.
Enseguida se llamó al testigo Juan Francisco N., quien fuera jefe del departamento de Control de Enfermedades Transmisible por Vectores en la época en que se dio el contrato a la empresa regiomontana. Al igual que la testigo anterior, dicho exfuncionario fue también procesado y vinculado a proceso por una compra similar registrada en 2019, en la causa penal en que fue sentenciada la extitular de Salud.
En su declaración dijo ser biólogo de profesión, haber ingresado en 1998 a los Servicios de Salud y haber estado al frente del área de vectores hasta 2021. También afirmó que el procedimiento para la compra de plaguicida era hacer una solicitud del insumo, evaluar la cantidad requerida y posteriormente realizar la solicitud a su jefe, en este caso la Dirección de Salud Pública de los Servicios de Salud, de la cual depende el departamento de Control de Enfermedades Transmisible por Vectores.
Dicha solicitud, según dijo, fue firmada por él y “aprobada por sus jefes”, a quienes identificó como el director de Salud Pública y el titular de la subdirección de Epidemiología, de quien solo citó su nombre.
Sostuvo que la compra se hizo luego de una reunión en Coepris en la que participó junto a diversos exfuncionarios de Salud, entre ellos la titular de la Secretaría de Salud, Patricia N., como subdirectora administrativa; Lutzow Steiner, como responsable de Salud Pública; el secretario particular de la secretaria, Francisco N., así como el apoderado legal de la empresa.
“Se iba a realizar una compra directa con el proveedor que se tenía, en este caso porque había algún compromiso y se iba a hacer una compra directa de un plaguicida… me dijeron que se tenía que firmar el vale de entrada de este producto y vales para la distribución”.
Además, a pregunta de la Fiscalía, puntualizó que posterior a la reunión el acusado le pidió, como titular de Salud Pública, que elaborara una justificación técnica de la compra del plaguicida. Posterior a ello, refirió que hubo una siguiente reunión en mayo de ese año en la cual se entregó el dinero en efectivo por parte del apoderado de la empresa.
A diferencia de la testigo anterior, dijo que el dinero que se llevaba en diversas maletas fue revisado por el esposo de la secretaria de Salud y por el propio Lutzow: “llegaron las personas que comento con cuatro maletas, que depositaron en una mesa que se encontraba y ahí se dirigieron el esposo de la doctora y el doctor Miguel Ángel a lo cual dijeron que estaba todo normal”.
En su turno, el abogado defensor planteó al testigo diversas preguntas para tratar de desacreditar el testimonio ofertado:
—A usted la Fiscalía le hizo alguna promesa para que viniera usted a declarar aquí, de que no lo persiguieran penalmente en esta carpeta ¿cierto o no?
—No.
—¿A usted jamás se le hizo firmar algún acuerdo de que se beneficiaría dentro del proceso penal por venir a declarar?
—No, sólo firmé mi declaratoria.
—Podemos decir que usted intervino en el hecho que viene señalando al doctor ¿es correcto?
—Sí.
—Usted estuvo en prisión ¿es correcto?
—Sí.
—¿Ahí conoció al doctor Lutzow?
—Ya lo conocía.
— Pero ahí lo vio, dentro del prisión ¿cierto?
—Sí, atendió algo de mi padecimiento que tuve de ahí.
—Dentro de prisión, en una de las áreas del centro penitenciario, usted le pidió perdón, ¿es correcto?
—Perdón, no, no, no.
(…)
—Dentro de esas reuniones usted jamás vio que la doctora Mónica pidiera dinero directamente a usted ¿es correcto?
— A mí no me pidieron dinero.
—Sabía que la doctora Mónica quería ser candidata a gobernadora ¿cierto?
—Lo supe posterior a todo esto que estamos comentando.
—Y que andaba recabando dinero para su campaña, ¿es correcto?
—Objeción—, reclamó el asesor jurídico.
—Yo no sé por qué protegen tanto a la doctora, si estamos en el esclarecimiento del hecho y viene en la formulación de imputación, no la veo ofertada como testigo como en el caso de los señores, no sé por qué nomás menciono a la doctora y se inhibe la respuesta del testigo—, respondió molesto el abogado.
Tras ello, el Tribunal autorizó la pregunta.
—El dinero lo querían para la campaña ¿es así?
—No.
—Usted jamás denunció el hecho de haber este contribuido a hacer algo incorrecto ¿cierto?
—Sí.
—Usted sigue siendo investigado por este delito ¿es así?
—Desconozco la ley…
—¿Se podría decir que sí?
— Sí.
—A usted le dieron dinero producto de esa compra ¿cierto?
—No.
—¿Se quedó con algo de ese dinero?
—No.
El contrainterrogatorio al segundo testigo terminó cerca de la una de la tarde, reconociendo que si la fórmula del plaguicida variaba en los porcentajes que se decían, se puede decir que se trata de productos diferentes. Un dato importante en la argumentación de la defensa, de acuerdo con lo que se estableció en el auto de apertura del juicio en el que se indicó un porcentaje del 13 por ciento del activo del plaguicida.
Tras ello, la presidenta del Tribunal de Enjuiciamiento expresó que no podría continuar la audiencia porque estaba programado el uso de la Sala de Juicio Oral para otras audiencias.
El juicio oral en contra de Lutzow Steiner continua este miércoles, con la presentación del último testigo ofertado por la Fiscalía, Francisco N., quien fuera secretario particular de la secretaria de Salud. También, se tiene previsto que la defensa presente a su único testigo, que realizó un peritaje contable de diversos documentos. Para el próximo viernes el Tribunal de Enjuiciamiento anunció una siguiente audiencia, en la cual, de no haber retraso en el desarrollo del juicio, se presentarían los alegatos de clausura de las partes y posiblemente se dicte sentencia.
