Fernanda Durán
El Congreso del Estado se encuentra en una encrucijada en torno a la inhabilitación del diputado panista plurinominal, Marcelino Rivera Hernández, pues actualmente analizan tomarle protesta o desacatar la reciente resolución del Tribunal Electoral del Estado (TEE), según lo informado por el diputado Cuauhtli Badillo Moreno, presidente de la Directiva.
Aunque el diputado aseguró que el TEE no notificó a tiempo para anexarlo a la agenda legislativa y realizar la toma de protesta en la sesión programada para este viernes, la realidad es que la notificación llegó este 25 de septiembre a las 14:04 horas, mientras la sesión ordinaria está programada para el 27 de septiembre a las 14:00 horas.
Por lo tanto, estarían justo en los plazos para cumplir con la sentencia del TEE, que les dio un límite de 48 horas para tomarle protesta al legislador panista. No obstante, la controversia también gira sobre la inhabilitación en materia administrativa y las determinaciones en materia electoral.
“Nos encontramos en vía de cumplimiento; como ustedes saben había un término de la sentencia. Un dato importante a destacar es que cuando notificaron ya estaba integrada la agenda de la sesión y el orden del día, entonces ahorita vamos a analizarla (…) me voy a reunir con el área jurídica para ver qué vía vamos a tomar (…). Es un tema que se ha venido haciendo unos galimatías porque una cosa es lo electoral y el otro lado administrativo”.
Ante la situación, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) reiteró que la inhabilitación se mantiene vigente y en efecto, ya que no ha sido suspendida, modificada o revocada por ninguna autoridad competente, conforme al artículo 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, que indica que las sanciones administrativas surten efecto una vez notificada la resolución.
Rivera Hernández, expresidente municipal de San Martín Chalchicuautla, fue notificado sobre su inhabilitación para ocupar cargos públicos derivado del expediente de investigación ASE/AEL/PAR/30/2013, relacionado con la Cuenta Pública 2013.
La inhabilitación fue comunicada el 23 de mayo de 2024, incluyendo un resarcimiento de alrededor de 200 millones de pesos y una multa de 779 mil 075 pesos.
El exfuncionario promovió un recurso de revocación al solicitar la suspensión de la inhabilitación durante los procedimientos legales. Sin embargo, fue denegada por el Juzgado Cuarto de Distrito en San Luis Potosí en los juicios de amparo indirecto números 841/2024-VI y 939/2024-III, en los que se argumentó que la inhabilitación es un acto de interés social y no procede su suspensión en amparo.
Luego de críticas y señalamientos por estas acciones, el titular del IFSE, Joaquín Lecourtois López, negó algún tinte político en la inhabilitación, pues aseguró que es parte de otras 50 resoluciones emitidas respecto a la cuenta pública 2013, que está próxima a vencer y que debían resolver.
Dentro de estas resoluciones se incluye inhabilitación, resarcimiento económico y la multa para alrededor de 70 personas en diversos municipios como alcaldes e integrantes de cabildo de carpetas que estaban abiertos.
“Lo que dice el Tribunal Electoral es que no está firme, pero la firmeza no es materia del tema administrativo porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Segunda Sala, dice que es importante para la ciudadanía que aquellos funcionarios o exfuncionarios que estén siendo cuestionados en materia de responsabilidad administrativa no ejerzan el cargo público, y hay una jurisprudencia firme de la Segunda Sala de la Suprema Corte. Sin embargo, esta no es obligatoria para el tribunal, ellos siguen su procedimiento”.
En el caso de específico de San Martín Chalchicuautla, indicó que también se encuentran en la misma situación otros funcionarios del Cabildo con excompañeros de Marcelino Rivera, como regidores y síndicos.
Lecourtois López afirmó que el Congreso del Estado se encuentra entre “la espada y la pared”, pues si atiende a la resolución del Tribunal tendría que dejar de lado las sentencias federales, pero si atiende las sentencias del juzgado federal incumplirían un ordenamiento del Tribunal Electoral.
