Fernanda Durán
El secretario en funciones de magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado (TEE), Víctor Nicolás Juárez Aguilar, advirtió que el Congreso del Estado podría enfrentar sanciones si no toma protesta a Marcelino Rivera Hernández como diputado.
Las posibles medidas de apremio incluyen multas económicas y la inhabilitación de la Directiva.
Juárez Aguilar explicó que la sentencia que ordena al Congreso tomarle protesta a Rivera Hernández se basa en la violación de sus derechos político-electorales y mientras no exista una sentencia firme que confirme la inhabilitación, no puede ser considerado inhabilitado.
“Si no le toman protesta, bajo ese supuesto, podrán hacerse acreedores a una de las medidas de apremio que contempla nuestra Ley Electoral, eso en su oportunidad lo tendríamos que valorar”.
Además, señaló que la sentencia del Tribunal puede ser impugnada en la Sala Regional o la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero esto no suspendería la obligación del Congreso de acatar la orden.
Por lo tanto, el Congreso tiene un plazo de 48 horas, a partir de la notificación, para cumplir con la toma de protesta.
Mientras el Congreso asegura que se encuentra en una controversia para realizar la toma de protesta, o no, debido a las sentencias del juzgado federal en materia administrativa y la sentencia del tribunal en materia electoral; Joaquín Lecourtois López, titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), señaló que si el Congreso del Estado no atiende la resolución del Tribunal Electoral, porque es contraria a lo que dicta un juez federal, la ley general de procedimientos e instituciones electorales señala que cuando no se tiene la resoluciones de las autoridades electorales, se dará vista al auditor superior de la Federación o su equivalente en el Estado, es decir, al propio IFSE.
Agregó que en caso de que decidiera no atenderse estas dos resoluciones de los amparos indirectos emitidos por el juzgado federal, pudiera ser que un tercer interesado, quien promueva alguna violación a la negativa de suspensión, se abrirá una carpeta en la que la consecuencia pudiera ser la inhabilitación para quien no haya cumplido con estas dos sentencias.
Finalmente, Enrique Ortiz, el diputado suplente de Marcelino Rivera, declaró que atenderá cualquiera de las determinaciones que tome el Congreso del Estado. Mientras tanto, permanece como diputado sin partido, pero aún como militante del Partido Acción Nacional (PAN), ya que no le ha notificado algún procedimiento de expulsión.
