Abelardo Medellín Pérez
Cuando el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que su administración tendría un Consejo Consultivo Potosí, a quien se preguntaría por nuevos proyectos de gobierno, muchos creímos que se trataba de un grupo de representantes de la sociedad civil, emanados de todos los sectores y con visiones diversas sobre el Estado; resultó que no, el Consejo era una cámara de eco empresarial, integrada por perfiles cuyo único mérito era una cartera inflada y los intereses alineados (de forma particular para el beneficio de unos cuantos).
Hoy, a tres años de la instalación de dicho Consejo, el gobernador finge sorpresa y nos advierte que este Consejo Potosí no tiene la visión abierta y noción de estado que él creía, y justo cuando parecía que la advertencia vaticinaba la disolución de tan insulso consejo, sale a la luz la verdadera razón de para qué ocupa el gobernador a los empresarios: para pastorearlos.
Este martes 25 de septiembre, en entrevista con medios locales, el gobernador Gallardo Cardona habló sobre los avances y expectativas que tiene su gestión con respecto a las obras de la Arena Potosí. Sobre ello, comentó que los palcos de la Arena, con costos de entre 6 y 8.5 millones de pesos, ya se han comenzado a vender entre aquellos que pueden pagarlos.
Quitado de toda pena, el gobernador aceptó en esas declaraciones que la gran mayoría de los palcos casualmente ya han sido comprado por integrantes del Consejo Potosí; tan claro fue el mandatario que aceptó que incluso hubo un empresario que compró tres de estos espacios, es decir, 24 millones de pesos en retornos para el estado desde los bolsillos de uno de sus cercanos.
El hecho de estas compras, aunque aparenta un conato de conflicto de intereses, no pasa de ser una coincidencia circunstancial; aquí no sugerimos que el gobierno haya obligado a los empresarios a comprar esos palcos como consecuencia de formar parte del Consejo Potosí (aunque tampoco lo descartamos), ya que la lógica apunta a otra posibilidad.
El gobernador no acercó al gobierno empresarios y luego les ofreció los palcos, más precisamente, el gobierno reclutó empresarios que, de forma regular, son quienes suelen comprar y pagar por estos espacios.
Sin embargo, el hecho nos recuerda que en este gobierno el sector empresarial es, al igual que muchas otras cosas, solo un accesorio del aparato personalista de gobierno que impera en San Luis Potosí.
No hay otra forma de decirles: los empresarios del Consejo son accesorios. Se les llama cuando hay que inaugurar una obra que presuntamente atiende los problemas de movilidad de algún sector productivo como la Zona Industrial; se les extraen declaraciones favorables para el gobierno y se procesan para ser utilizadas como boletines a favor de la imagen del gobernador; se organizan cenas y desayunos para consultarles sobre los problemas del Estado y a la hora de hablar sobre lo acordado, el gobierno sugiere que dichos ejercicios sirven solo para “mantener las buenas relaciones”, pero no para atender algún problema.
Para el gobierno Gallardista, los empresarios no son un grupo de interés, sino una herramienta lastimosamente necesaria que debe cargar a cuestas de los planes que tiene.
Tan obvia es la falta de interés en los comentarios del empresariado, que desde hace tres años la relación entre gobierno e inversión privada ha sido la del respeto contra la calumnia.
Mientras que los empresarios han presionado desde el respeto al gobierno para que destrabe y agilice temas como el improvisado impuesto ambiental, cuyas consecuencias podrían afectar a diferentes industrias, el gobierno, tan solo este año, les ha dicho a grupos empresariales que son “grilleros” o que nada más están “chingue y chingue” (palabras del gobernador y de su secretario de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez).
A lo mejor en la sala juntas, en las oficinas privadas y en los eventos donde se acompañan se pueden dar la mano, pero a todas luces los empleadores son un sector que da la pinta de apertura, pero al cual el gobernador no tolera.
Aún con este trato y tras meses de usarlos como instrumento para adornar su imagen de líder, el gobernador ignora el historial de afrentas contra un sector que desde el inicio se ha intentado dirigir con respeto ante la autoridad y ahora los reconoce, ya no como participantes del ejercicio de gobierno, sino como clientes.
A eso nos referimos cuando decimos que el valor del empresariado para el gobierno reside en sus carteras y su potencial de lavarle la cara al gobierno cuando hay controversia por alguna obra. El gobernador lo ha dejado claro una y otra vez; solo eres digno de ser reconocido positivamente si aportas a sus caprichos (Arena Potosí, terrenos de la Vía Alterna, terrenos del aeropuerto de Tamuín) y si eres capaz de bajar la cabeza y aplaudir.
Con esta reflexión, de ninguna manera afirmo que sean los empresarios un grupo vulnerable o carente de vías para escapar de esta condición; sino solo señalar que, por si había pasado desapercibido, los empresarios (que son ciudadanos también, pero con menos intereses comunitarios a largo plazo) forman parte de esta dinámica de abusos sistemáticos del gobierno.
En este punto y manera de conclusión, pareciera que todo está dado para que el gobierno considere y proceda a disolver el Consejo Potosí. Por un lado, quienes son presumidos como los clientes necesarios son llamados al mismo tiempo “grilleros”, por otro lado, el gobierno quiere atender las necesidades que solo pueden detectar los empresarios, pero ya se dio cuenta que, si del empresariado dependiera, construirían puentes eternos que conectaran cada colonia capitalina con la Zona Industrial.
No somos inflexibles, lo reconocemos, el hecho de que el gobernador haya detectado y denunciado el ánimo centralizador de los empresarios es un verdadero logro de la administración, uno de los pocos que podrían servir de algo, pero hay que dar el siguiente paso y disolver el Consejo Consultivo y pasar la página, por el bien de quienes administran del estado a expensas del poder económico, y en beneficio de los empresarios que ya han simulado servilismo por medio sexenio.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestrando en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales en el posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado como reportero y columnista en los medios digitales La Orquesta y Arco Informativo; actualmente es reportero de Astrolabio Diario Digital. Ha sido acreedor de dos premios estatales de periodismo en las categorías de Artículo de Fondo y Periodismo Regional.
