Estela Ambriz Delgado
Existe una gran brecha en la aplicabilidad de la legislación indígena en San Luis Potosí, pues no sólo se trata de la falta de voluntad de diversos poderes y actores para aplicarla, sino que también prevalece el clasismo y el racismo en la clase política, que continúa ignorando a los pueblos y comunidades, y busca permanentemente no consultarlos debidamente y sólo recurrir a simulaciones, así lo consideró Juan Felipe Cisneros Sánchez, del Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM).
El activista expresó que resulta lamentable que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) sistemáticamente omita verificar la autoadscripción indígena y acabe otorgada a personas que no son representativas de esta población, por lo que no debe ser normalizado bajo el argumento de que todos tienen derecho a “luchar” por los pueblos originarios.
Esto en relación a la respuesta de la presidenta de la Comisión de Asuntos de Comunidades y Pueblos Indígenas y Afromexicanas en el Congreso del Estado, Brisseire Sánchez López, ante la inconformidad de las comunidades náhuatl por el cargo que le fue otorgado, para el que ella argumenta no es indispensable pertenecer a alguna etnia.
Cisneros Sánchez señaló que siempre que se cuestiona la usurpación de identidad indígena a alguna persona que no lo es, pero que ocupa un cargo de representación que correspondería a un hablante y originario de comunidad y pueblo indígena; resulta común, que quienes así lo hacen normalizan este acto con una narrativa que en vano busca justificar lo injustificable.
Explicó que la autoadscripción indígena cabe si la persona tuviese un vínculo cultural, histórico, político, lingüístico, o de otra índole, que la persona mantuviese con su comunidad de origen; y que por tanto debería regirse por normas especiales que las regulan, por lo que la autoadscripción constituye el criterio que permite reconocer la identidad indígena y gozar de los derechos que de esa pertenencia se derivan.
En este sentido, precisó que en el caso de la legisladora no es así, y al darse una usurpación de identidad, se despoja de derechos, lo cual no es poca cosa, además de un robo a la representación política que debería ser un instrumento para colocar la agenda indígena en el Congreso y asumirla con una perspectiva intercultural, de género, y de derechos humanos.
El incumplimiento con las comunidades
El integrante del OIM también hizo mención de que, en lo referente a los recursos que le fueron solicitados por las comunidades a la diputada del distrito 15 cuando fue presidenta municipal de Tampacán, no había justificación para su negativa, pues lo relacionado a la asignación de recursos municipales para comunidades indígenas está establecido en la Constitución local en su artículo 9 y en diversos artículos de su Ley Reglamentaria desde 2003, por lo que los casos se encuentran judicializados.
“Por lo visto la diputada lo ignora o simplemente decide omitirlo para negarles derechos, cuando en su atribución como servidora pública debió aplicar el principio propersona para poder favorecer a las comunidades indígenas con la disposición legal que protegiera mejor sus derechos humanos, pero no lo hizo, ¿le creerán ahora sus representados?”.
En relación a la obra hídrica en la comunidad de Los Cues que Brisseire Sánchez dijo será entregada el próximo domingo 29 de septiembre, Juan Felipe Cisneros puntualizó que es del conocimiento público que aún está en proceso y por tanto inconclusa, por lo que se cuestionó si la entregará en el estado en que se encuentra, lo que no sorprendería.
“Ella cree que con traductores puede solventar la interlocución con sus representados, pero tal aspecto solo demuestra que ella está ocupando una representación que correspondía a un hablante de la lengua náhuatl y que fuese originario de una comunidad donde se vive con base en los sistemas normativos y formas de gobierno, que a ella le son completamente ajenos”.
Para concluir, el activista subrayó que este caso ejemplifica el porque a la fecha existe una gran brecha en la aplicabilidad de la legislación indígena potosina, pues no sólo se trata de la falta de voluntad política de diversos poderes y actores para aplicarla, sino también prevalece el clasismo y el racismo en la clase política que continúa ignorando a los pueblos y comunidades, que además busca permanentemente no consultarlos debidamente y solo recurrir a simulaciones en todo momento.
