Por Victoriano Martínez
No fue el hecho de que se plantaron más de dos mil 500 árboles ni que haya sido una demostración más del creciente interés ciudadano por proteger y recuperar la Sierra de San Miguelito lo que hizo diferente y más trascendente la 5ª Jornada de Reforestación en el Área Natural Protegida (ANP): lo fue el contraste con los desarrollos inmobiliarios depredadores.
Las imágenes que se dieron este domingo 29 de septiembre en la zona de influencia del Área Natural de Protección de Flora y Fauna Sierra de San Miguelito impactan: al menos dos centenares de brigadistas de todas las edades recorrieron para reforestar un amplio espacio devastado delimitado por muros de desarrollos residenciales que amenazan expandirse.
Cada árbol plantado en la zona de amortiguamiento del ANP, en los límites de Mexquitic de Carmona con San Luis Potosí, frente al Santuario del Desierto, y en el área conocida como El Caolín, en el lado poniente de Mexquitic y San Luis Potosí, se convertirá con el tiempo en un muro forestal de contención a las ambiciones inmobiliarias sobre esos terrenos.
El acoso inmobiliario sobre esa zona ya lleva varios lustros y tiene como antecedentes el avasallamiento del Ejido Capulines que prácticamente desapareció para convertirse en un área totalmente urbanizada.
El avance inmobiliario hacia la Sierra de San Miguelito ha provocado una serie de choques con el ejido Guadalupe Victoria y su Anexo La Cruz, que incluye la disputa por los terrenos del Santuario del Desierto que desde el Ejido Escalerillas pretendieron adjudicar a su territorio sin lograrlo.
Los ejidatarios de Guadalupe Victoria han mantenido por más de una década una resistencia legal y política con los desarrolladores inmobiliarios que pretenden su territorio para construir fraccionamientos y hasta complejos turísticos, al grado de que han tenido que contrarrestar en diversas ocasiones invasiones.
La disputa con el Ejido Escalerillas se dio por 127 hectáreas que pretendían ser aprovechadas para desarrollar un complejo religioso, cultural, ecológico y recreativo por parte de empresarios del Grupo Meta, sin tomar en cuenta a los ejidatarios.
Entre 2012 y 2017, cerca de 400 hectáreas fueron objeto de un intento de despojo por parte del padre Eduardo Córdova, mediante un procedimiento de nacionalización de las tierras en el entorno del Santuario del Desierto, pero el decreto fue anulado por los ejidatarios vía amparo en 2017.
Incluso una franja de 17.2 hectáreas del territorio de Guadalupe Victoria fueron puestas a la venta por quien se ostentó como propietario, José Santos Alonso Santos, descendiente del cacique Gonzalo N. Santos, quien presuntamente se las habría comprado al exgobernador el 13 de agosto de 1957.
No obstante, las escrituras de esa propiedad no correspondían a esa supuesta operación de compraventa, por lo que invadía propiedades privadas y la franja de 17.2 hectáreas de Guadalupe Victoria, en donde se ubican varias parcelas y viviendas de un centro de población.
Del lado del área conocida como El Caolín, el acoso inmobiliario proviene de las familias Torres Corzo y de la Maza Pizzuto, quienes ya arrasaron con el Ejido San Marcos Carmona con los fraccionamientos de Forja Real y Fuerte Ventura, y tienen puestas sus intenciones de expandirlos hacia las tierras de Guadalupe Victoria.
La segunda de la serie de reforestaciones que han organizado los Guardianes de la Sierra de San Miguelito también se dio dentro del Ejido Guadalupe Victoria, pero en esta ocasión la quinta reforestación resulta más significativa porque se da frente a los límites hasta donde el acoso inmobiliario contra la Sierra ya está presente.
Ante los muros de concreto que muestran hasta dónde ha llegado la depredación inmobiliaria, con la 5ª reforestación la resistencia que por décadas han llevado los ejidatarios de Guadalupe Victoria recibe el respaldo de un creciente grupo de activistas que plantaron lo que, con el tiempo, se espera que sea un bosque de contención contra la urbanización depredadora ecológica.
