Fernanda Durán
El presidente de la Directiva del Congreso del Estado, Cuauhtli Badillo Moreno, destacó que el Poder Judicial los ha notificado sobre la necesidad de adaptar la legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo a la nueva jurisprudencia para cumplirla con un plazo máximo hasta diciembre de este año.
La reciente sentencia del Juzgado Tercero de Distrito declara inconstitucionales varios artículos de la Constitución y del Código Penal del Estado que criminalizan la práctica y establece un plazo de hasta doce semanas para realizar la interrupción legal, que no debe ser penalizada.
Las diputadas de Morena han dado a conocer que ya afinan los detalles para presentar una reforma constitucional que permita la interrupción del embarazo en San Luis Potosí con el objetivo de que esté lista antes del plazo. Esto en respuesta a la resolución judicial que exige cambios inmediatos en la legislación estatal y requiere forzosamente una iniciativa promovida por legisladores para hacer modificaciones constitucionales.
Badillo Moreno detalló las fechas de los procesos que el Congreso esta obligado a cumplir entorno a esta problemática: 26 de noviembre para leyes secundarias y 15 de diciembre para la reforma constitucional.
Durante la explicación señaló que el término adecuado es “interrupción legal del embarazo”, por lo que a la vez insistió que el aborto, como tal, aún será considerado un delito, pero que la interrupción dentro de un plazo de hasta doce semanas no debe ser penalizado.
Las diputadas Jessica Gabriela López Torres y Nancy Jeanine García Martínez afirmaron que, desde el grupo parlamentario de Morena y las comisiones de Igualdad de Género, Puntos Constitucionales, Justicia y Salud, están comprometidas a trabajar en conjunto con las colectivas que han liderado esta lucha.
Aseguraron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) respaldan el derecho de las mujeres a decidir, y afirmaron que la falta de acceso seguro y gratuito a la interrupción del embarazo representa una violación de derechos fundamentales.
Finalmente, Badillo Moreno concluyó que el análisis de la situación se llevará a cabo de manera rigurosa, ya que el Congreso tiene la responsabilidad de cumplir con la resolución judicial y de actuar conforme a lo dictado por la ley.
