Estela Ambriz Delgado
Los problemas de abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana de San Luis Potosí evidencian la urgente necesidad de que las autoridades desarrollen políticas públicas que abonen a la solución de fondo y garanticen el acceso al agua a los sectores vulnerables de la población que han sido olvidados durante décadas, principalmente al norte y oriente de la ciudad, como lo considera el presidente del Consejo Hídrico Estatal, Jonathan Abraham Quintero García.
El presidente del consejo expresó que es fundamental el desarrollo de políticas públicas que contribuyan a una solución de fondo para el desabasto y el agotamiento del acuífero, como la vinculación del desarrollo urbano con la gestión hídrica, pues el modelo actual es una de las principales causas de las crisis del agua y de las inundaciones que afectan a la población.
En ese sentido, dijo que es necesario que se deslinde sanciones y responsabilidades legales, penales y económicas de la problemática hídrica, ecológica y urbana a las partes causantes de ella, pues históricamente las autoridades locales y estatales han permitido su impunidad.
Destacó que es urgente la implemación políticas públicas que garanticen un verdadero acceso al agua para los sectores vulnerables de la población, que han sido olvidados durante décadas, principalmente al norte y oriente de la ciudad, además de que se prohíba la privatización del servicio y del recurso hídrico, a fin de evitar el enriquecimiento de los grupos de influencia que históricamente han lucrado con ello.
Asimismo, Quintero García indicó se debe regular, monitorear y transparente la extracción, consumo y desecho de aguas por parte de los sectores de alta extracción, y el pago por el servicio de los grandes deudores y extractores del recurso.
También se requiere prohibir la politización y el partidismo de la gestión hídrica para evitar acciones con fines de proselitismo, que terminan siendo cortoplacistas e ineficientes para una verdadera solución en el tema; disminuir y transparentar los gastos económicos del erario público gastado en dichas acciones, así como la toma de decisiones en el tema hídrico y urbano abierto a todos los sectores de la ciudadanía y no únicamente a través de consejos ciudadanos simulados, integrados por personajes que forman parte de los grupos de influencia y que tienen intereses económicos privados y políticos .
