Por Victoriano Martínez
El juicio que este lunes habrá de resolverse en el caso de Miguel Ángel Lutzow Steiner será especialmente una prueba para los jueces que integran el Tribunal de Enjuiciamiento y para todo el sistema judicial estatal en sí, porque presenta el ingrediente adicional de formar parte de un presunto combate a la corrupción, con más ruido que resultados.
Desde su discurso inaugural, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona generó la expectativa de que destaparía una cloaca sin precedentes y exhibiría tal cúmulo de actos de corrupción del pasado sexenio y anteriores, que prácticamente todos los exgobernadores y sus altos funcionarios eran candidatos para enjuiciar.
En tres años, sólo en cuatro casos se han judicializado sus expedientes y hasta ahora sólo dos se han declarado culpables con reparaciones del daño que apenas acumulan 24 millones 342 mil pesos: 22 millones 42 mil pesos de Mónica Rangel Martínez, ex titular de Salud, y dos millones 300 mil pesos de Jaime Pineda Arteaga, ex titular de Seguridad Pública.
Por cierto, en el caso de Rangel Martínez ahora es Gallardo Cardona quien tiene que explicar qué destino tuvo una cantidad mayor luego de que declaró a Pulso que lo recuperado fueron 150 millones de pesos. ¿Qué hizo el mandatario con los 127 millones 958 mil pesos adicionales que dice que recibió?
De los otros dos casos judicializados no se ha logrado la reparación del daño. En el de Leopoldo Stevens Amaro, ex secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, en prisión domiciliaria, se mantiene en litigio con versiones desde hace tiempo sobre un posible acuerdo para una reparación similar a la que oficialmente se conoció en el caso de Rangel Martínez.
El otro es el que llega a la audiencia de alegatos y sentencia en el que, tras nueve audiencias con la participación de 24 testigos no logró acreditar la responsabilidad de Lutzow Steiner, en todo caso quedó expuesta –en caso de considerarse acreditada la compra simulada– la responsabilidad de otros funcionarios, incluso algunos citados como testigos.
Desde el punto de vista de la defensa de Lutzow Steiner, la Fiscalía General del Estado (FGE) debería desistirse de la acción penal y pedir el sobreseimiento del caso, antes de ser exhibida por una sentencia judicial.
“Lo más ético, lo más digno que pudiera hacer un litigante en materia penal es desistirse del ejercicio de la acción penal, en este caso de la pretensión de continuar con el juicio”, consideró Alejandro Manríquez Laguna, titular del despacho MLegal que lleva la defensa jurídica del extitular de Salud.
Pero en caso de que la FGE no comparta esa perspectiva ética y se oriente por la necesidad de una sentencia condenatoria que respalde el presunto combate a la corrupción de raquíticos resultados, aun a costa de presionar no sólo al Tribunal de Enjuiciamiento, sino todo el Poder Judicial, serán los tres jueces a cargo quienes enfrenten una disyuntiva ética.
En un momento en el que en todo el país se encuentra en debate el papel que juega el Poder Judicial, los jueces Fernando Zapata Guzmán, María Sara de la Luz Bernal Ramírez y Claudia Hernández Ibarra deberán ser muy cuidadosos para que su sentencia se apegue al máximo a un acto de justicia, con estricto rigor jurídico y, sobre todo, que reivindique la independencia del Poder Judicial.
Algo que necesariamente deben honrar de acuerdo con el artículo 8 fracción V del Código de Ética del Poder Judicial del estado, entre los que destacan dos incisos:
c) Juzgar conforme a derecho y no a partir de presiones o intereses…
e) Ejercer con autonomía su función y denunciar ante las autoridades correspondientes, cualquier circunstancia que vulnere su independencia y su recto ejercicio…
Un compromiso de los tres integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento por el que incluso tendrían que denuncias cualquier posible circunstancia que haya intentado vulnerar su independencia y su recto ejercicio por el antecedente de las denuncias de Lutzow Steiner sobre testimonios y evidencias falsas, que quedaron en evidencia durante el juicio oral.
El caso Lutzow Steiner pone en una mayor prueba al Poder Judicial al colocarlo, a través del Tribunal de Enjuiciamiento, en la disyuntiva poner en entredicho su independencia y autonomía, y exhibir con su sentencia que la presunta lucha contra la corrupción no es más que una estrategia propagandista tras la que se oculta un pacto de impunidad que es capaz de crear chivos expiatorios.
