Carlos Rubio
Sólo cuando se dimensiona el verdadero poder de un gobierno es posible entender lo que ocurrió cuando se declaró culpable al doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, de haber sido participe en el desvío de 32 millones 700 mil pesos de la Secretaría de Salud.
Cuando para el Estado existe un culpable, no hay capacidad humana que pueda ir en contra de esa determinación. Ni la constitución, las leyes, los tribunales o la mismísima Suprema Corte, son capaces de hacerle frente a un poder que controla el aparato de seguridad.
Por más razón que tenga el inculpado y sus abogados, poco tienen de su parte para hacerle frente a un asunto que desde el primer momento todos entendimos que es político, por diversas razones.
Sea culpable o no, hay varias situaciones que empañan el caso contra el exsecretario de Salud. La principal de ellas quizá sea que sus presuntos cómplices fueron quienes declararon en contra de él, en lugar de compartir su celda en La Pila.
Así como el hecho de que se le encontró culpable por presuntamente haber aceptado participar en la reunión en la que se acordó la compra del plaguicida que propiciaría el desvío de 32 millones de pesos.
La segunda definición que la Real Academia Española le otorga a la palabra “reunión” es “conjunto de personas reunidas”, por lo que se vuelve imposible afirmar que Lutzow sostuvo una reunión solo. Aun así, la Fiscalía General del Estado (que es autónoma, pero no independiente del gobierno estatal) formuló su imputación únicamente en contra de Miguel Ángel Lutzow, ¿por qué? Nadie lo sabe.
Ni el anterior fiscal ni la actual pudieron aclarar por qué el extitular de Salud fue el único perseguido por un delito en grado de coautoría, aun y cuando los presuntos cómplices estuvieron siempre a la vuelta de la esquina.
Casi con los ojos cerrados, tanto la Fiscalía como el gobierno estatal podían asegurar que el juicio tendría un fallo condenatorio, pese a la ola de contradicciones que invadieron las declaraciones de los testigos que ofertaron.
Miguel Ángel Lutzow aún podría salir de prisión en caso de que la pena que se le imponga no supere los cinco años, y resarza el daño que presuntamente ocasionó a la administración pública.
Algo muy simular a lo que pasó con Mónica Rangel, su antecesora en la Secretaría de Salud, con la diferencia de que ella evitó el juicio en su contra luego de acceder a declararse culpable y pagar una reparación de daño que ya no sabemos si fue de 22 o de 150 millones de pesos (¿qué son 128 millones de pesos de diferencia?).
Aún y aunque esta hipótesis no se cumpliera, todavía hay instancias judiciales federales a las que el doctor podría acudir para apelar la sentencia. Eso sí, su tiempo en prisión se extenderá aún más, sin que exista forma de que este sea recuperado, aunque consiga su cometido de ser declarado inocente.
Será en las instancias federales en donde nos podremos dar cuenta hasta dónde es capaz de permear el control de un gobierno estatal.
Creer que el Poder Judicial se conduce como un ente independiente, sin influencia ni complicidad del Poder Ejecutivo, es vivir en una burbuja utópica; la justicia, al menos en México, no es ciega.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es jefe de información de Astrolabio Diario Digital, con interés y experiencia en Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. Formó parte de la tercera generación del MásterLab en edición de investigaciones organizado por Quinto Elemento Lab.
