Fernanda Durán
El proceso electoral para elegir jueces, magistrados y ministros en México, que tendrá lugar en 2025, se perfila como uno de los más costosos de la historia reciente. De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), el costo de este proceso superará los 13 mil millones de pesos y podría llegar hasta los 15 mil millones, lo que representa un gasto superior al de la elección presidencial, el cual se aproximó a los 9 mil millones de pesos.
Este incremento en los costos se debe a la complejidad de la elección, que involucra la selección de numerosos cargos judiciales, un proceso que, según el INE, presenta retos logísticos y operativos no anticipados por el organismo.
El consejero electoral Uuc-Kib Espadas Ancona comentó que, aunque el presupuesto final aún no está definido, el INE se encuentra en proceso de recopilación de datos junto al Consejo de la Judicatura Federal para precisar las vacantes y cargos a ser sometidos a votación.
Espadas Ancona subrayó que este nuevo proceso electoral plantea desafíos inéditos para el INE. A diferencia de la elección presidencial de 2024, que no presentó obstáculos significativos para el organismo, la elección judicial incluirá una mayor cantidad de candidatos, lo que podría resultar en boletas más grandes y un cómputo más complejo en las casillas.
Esto, agregó, podría retrasar el proceso de escrutinio y plantear nuevas exigencias logísticas que el INE estudia minuciosamente.
Detalló que si bien el INE está acostumbrado a organizar elecciones federales, este nuevo reto no es menor, ya que la elección judicial probablemente implique una boleta mucho más extensa y un mayor número de candidatos, lo cual podría afectar los tiempos de cómputo y los procesos logísticos.
El INE anticipa que el presupuesto requerido para llevar a cabo esta elección será considerablemente mayor que el de la elección presidencial de 2024, debido a la magnitud y complejidad del proceso. Aunque la cifra exacta aún está en revisión, el consejero afirmó que el costo será “una inversión necesaria” para garantizar un proceso electoral transparente, confiable y de calidad.
“No es barato llevar a votar en condiciones democráticas a la población en un país como el nuestro. Preparar el país para este tipo de elecciones no es un gasto menor”, indicó al recordar que el costo por persona en la pasada elección presidencial fue de 80 pesos por votante, y el INE espera que el costo por ciudadano en la elección judicial sea similar, si no mayor.
En su intervención, Espadas también abordó la preocupación sobre la disponibilidad de los recursos para el proceso electoral.
Aclaró que espera que el Congreso apruebe el presupuesto sin recortes, ya que el INE ha asumido nuevas responsabilidades con la organización de esta elección, lo que implica gastos adicionales.
En cuanto a la negativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de dialogar directamente con la Corte sobre la reforma judicial, Espadas Ancona expresó que el diálogo es un componente esencial de la política democrática.
A su parecer, la Secretaría de Gobernación tiene facultades para manejar estas cuestiones, y el hecho de que no haya un contacto directo no implica que no exista una comunicación fluida en otros espacios.
Ante la duda sobre la posibilidad de que alguien que no sea abogado pudiera ocupar los cargos judiciales, Espadas Ancona explicó que, según la ley y la Constitución, los candidatos deben ser abogados, con la evaluación de un comité técnico especializado, por lo que es muy difícil que alguien sin estas características pueda ser considerado para la lista de candidatos.
Respecto a la reforma electoral que otorga mayores facultades a la presidenta del INE para asignar direcciones, expresó que, a su juicio, la reforma es un retroceso porque debilita el poder del colectivo del INE, ya que transfiere ciertas atribuciones a la Junta General Ejecutiva por encima del Consejo General, el cual, según él, es el órgano encargado de lograr consensos.
“Este cambio en la reforma no soluciona problemas anteriores. La ley ya preveía que, en caso de no consensuar, la presidencia podía nombrar encargados de despacho, y así se hizo en la pasada elección presidencial”, agregó Espadas.
Finalmente, Espadas también habló sobre el reto que tienen en torno a la participación ciudadana en las elecciones, en particular en un contexto en el que las campañas de los partidos políticos juegan un papel determinante en movilizar a los votantes.
Aunque la reforma constitucional prohíbe las campañas en el proceso electoral de jueces y magistrados, el consejero destacó la importancia de difundir información suficiente para que la ciudadanía conozcan el proceso electoral y puedan votar de manera informada.
“La participación ciudadana es uno de los mayores retos que enfrentamos, y aunque los partidos tienen enormes recursos para hacer campaña, muchas veces la gente no sabe ni siquiera la fecha de la elección. Eso es algo que el INE debe resolver, garantizando que los ciudadanos tengan la información necesaria”.
Con esta elección judicial, el INE se enfrenta a uno de sus mayores desafíos logísticos y presupuestales, con la responsabilidad de garantizar un proceso limpio, transparente y con altos estándares de calidad, a pesar de las dificultades y los elevados costos.
