José de Jesús Ortiz
El Tribunal de Enjuiciamiento dictó este viernes una sentencia de 5 años y tres meses de cárcel en contra del extitular de la Secretaría de Salud, Miguel Ángel Lutzow Steiner, por su participación en la compra de un plaguicida para combatir al dengue, por la cual la dependencia pagó 32 millones 700 mil pesos.
Durante la audiencia de individualización de sanción realizada en la Sala Seis del Centro Integral de Justicia Penal, el tribunal le impuso también una sanción de 46 mil pesos, la suspensión de sus derechos políticos y el pago de una parte proporcional de los 32 millones 732 mil pesos, aunque no determinó la cantidad por este último concepto y dejó abierta la posibilidad de que hubiera acciones judiciales en contra de otras personas.
Lutzow Steiner fue detenido el 3 de mayo de 2022, acusado por ejercicio abusivo de funciones en grado de coautoría, por lo cual permanecía recluido en el Centro de Reinserción Social de La Pila. Pese a que la Fiscalía General del Estado sostuvo que había participado en el hecho ilícito en grado de coautoría, hasta ahora era el único funcionario recluido y bajo proceso penal.
Martín Villegas, abogado defensor del exfuncionario, consideró que la sentencia se impuso sin que se hubiera acreditado responsabilidad alguna o beneficio económico, “no pudieron acreditar cuál fue el monto y sino pueden acreditarlo cómo es que sí acreditan qué el participó, es una sentencia aberrante”. Adelantó que apelarán dicho falló en una segunda instancia y agotado el procedimiento, en caso de que se confirme la sentencia, acudirán a la vía del amparo directo para intentar echar abajo la resolución.
Antes de conocer el fallo, al tomar la palabra, Lutzow Steiner consideró que el juicio penal en su contra era un “teatro” en que participaban la Fiscalía y el Tribunal y expresó que seguirá luchando para lograr su libertad “mientras tenga fuerzas y aire en los pulmones”.
Frente a los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento, denunció: “es lamentable como ciudadano ver este teatro en mi contra y que ustedes participen en él. Sé que ustedes reciben línea o imagino que es así. Yo vine a San Luis a trabajar y así lo demostré. Soy inocente, no cometí ese delito, ustedes están protegiendo a los verdaderos culpables”.
Según la acusación de la Fiscalía General del Estado, mientras se desempeñaba como director de Salud Pública de los Servicios de Salud, Lutzow Steiner participó en diversas reuniones con la exsecretaria de Salud, Mónica Rangel Martínez, y otros exfuncionarios estatales de esa dependencia, quienes habrían acordado en abril de 2020 la compra simulada de un plaguicida para combatir el dengue a la empresa regiomontana Public Health Supply and Equipment de México, a “sabiendas que dicho producto no sería entregado, generando para sí un beneficio económico”. Un beneficio económico que nunca se acreditó por parte de la Fiscalía General del Estado con los medios de prueba que aportó durante el juicio, como tampoco acreditó que el exsecretario de Salud hubiera firmado el contrato origen de la denuncia.
En la audiencia que inició poco después de la una de la tarde, la Fiscalía aportó nuevamente los testimonios de Daniel Acosta Díaz de León, sucesor de Lutzow Steiner como titular de la Secretaría de Salud durante los dos primeros años de este gobierno, así como el de Blanca Medina Fonseca, subdirectora Jurídica de la misma dependencia hasta enero de este año, y responsable de integrar la denuncia por la compra del plaguicida.
En esencia, el testimonio de ambos fue el que ya habían aportado el tres de septiembre anterior cuando se presentaron como testigos ofertados por la Fiscalía.
Acosta Díaz de León, actual director del IMSS-Bienestar, dijo que estaba en calidad de testigo por la denuncia que se presentó cuando asumió el cargo y los requerimientos que hizo la Auditoría Superior del Estado (hoy Instituto de Fiscalización Superior del Estado) por observaciones en la compra de un plaguicida durante la pandemia de Covid, cuando los recursos públicos (los 32 millones 732 mil pesos) utilizados no eran para ese fin.
Reiteró los detalles de dicha compra y aseguró que el ex funcionario estatal bajo proceso penal era director de Salud Pública y de esa dirección dependía él área de Vectores que hizo la solicitud de compra del plaguicida. También, aseguró que Lutzow Steiner firmó dicha autorización de la solicitud de compra, una afirmación que no había expuesto durante su anterior presentación como testigo.
—¡Es falso!, replicó en voz baja Lutzow Steiner.
Por su parte, Blanca Medina Fonseca, extitular de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de los Servicios de Salud, señaló que a ella se le pidió integrar la denuncia por la compra del plaguicida y detalló los documentos que acompañaron la denuncia.
En las declaraciones de los testigos, no hubo ya réplica o contraexamen por parte de la defensa, parecía inútil rebatir u objetar, ante el fallo condenatorio. Posterior a las declaraciones de los órganos de prueba ofertados por la Fiscalía, la presidenta del Tribunal de Enjuiciamiento concedió el uso de la palabra al exsecretario de Salud quien denunció que todo era un teatro y había ya una línea y consigna para afectarlo.
“Es lamentable que ustedes estén participando en esto, es triste…mientras tenga aire en los pulmones y Dios me dé la fortaleza a mí y a mi familia, vamos a seguir peleando en todos los tribunales que haya que pelear. La verdad siempre prevalece, me están usando como chivo expiatorio… yo voy a seguir luchando por mi libertad, por mi absolución. Hoy soy una víctima de este sistema injusto”, señaló.
Luego de un receso que se extendió hasta cerca de las 6 de la tarde, el Tribunal de Enjuiciamiento retomó la audiencia y dio lectura a la sentencia impuesta al ex funcionario, en la que estableció cinco años y tres meses de prisión y una multa de 46 mil pesos. También, dispuso suspenderlo de sus derechos políticos y estableció la reparación del daño, aunque no por los 32 millones 700 mil pesos que exigía la Fiscalía, sino por una parte proporcional que no determinó, con lo que el Tribunal de Enjuiciamiento dejó abierta la posibilidad de que pudiera haber más personas bajo proceso penal por esa causa, lo cual hasta ahora no ha sucedido. “Aquellas personas que les resulte sentencia condenatoria firme para estos hechos deberán cumplir en forma solidaria y mancomunada este rubro”, leyó el juez relator.
Al término de la audiencia, el abogado defensor Martín Villegas consideró lamentable la sentencia, la calificó de “aberrante” y dijo que era previsible que se diera en esos términos luego del fallo condenatorio del pasado lunes.
“Para nosotros continúa ahora la apelación, vamos a la segunda instancia, en caso de que confirme [la sentencia] o aumente la penalidad vamos a irnos al amparo directo. Ellos no pudieron acreditar cual fue el monto, sino lo acreditan entonces ¿cómo acreditan que el doctor participó? Es una sentencia aberrante. Los testigos que desfilaron en su momento durante el juicio se contradijeron, inventaron cosas y aun así se dictó una sentencia condenatoria”.
El Tribunal de Enjuiciamiento —integrado por Fernando Zapata Guzmán, Sara de la Luz Bernal y Claudia Hernández Ibarra, como presidenta—, citó a una próxima audiencia el próximo jueves 17 de octubre en la cual se realizará la lectura y explicación de la sentencia.
