Fernanda Durán
Ante la negativa de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Giovanna Argüelles Moreno, de promover una acción de inconstitucionalidad contra la reciente reforma judicial, un grupo de ciudadanos potosinos considera interponer un juicio político en su contra por omisión de sus funciones constitucionales.
El pasado 26 de septiembre, un grupo de ciudadanos, incluidos abogados, jueces y líderes de la sociedad civil, presentó una solicitud formal ante la CEDH para pedir que se interpusiera una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En su petición, argumentan que la reforma judicial del 15 de septiembre atenta contra principios fundamentales del Estado mexicano, tales como la independencia judicial, el acceso a la justicia y la seguridad jurídica.
“Nos hicieron incluso presentar escritos a través de una puerta de una ventana rota en la Comisión Estatal. Sí creo que no fuimos escuchados, que no fueron atendidas las solicitudes que se realizaron y si eso le hacen a personas que tienen cierto conocimiento de la Constitución yo no sé cómo traten a otras personas que ni siquiera tienen el número de teléfono de la Comisión, por ejemplo”.
El Consejo de la CEDH, en una sesión extraordinaria celebrada el 2 de octubre, exhortó a la presidenta a promover la acción, basándose en el principio pro persona, que prioriza la protección de los derechos humanos.
Sin embargo, en una decisión que ha sido recibida con sorpresa y molestia, la presidenta Argüelles Moreno no solo se negó a promover la acción, sino que retrasó su respuesta hasta el último día del plazo para presentarla ante la SCJN, el 15 de octubre.
Este plazo es decisivo, pues una vez vencido, la posibilidad de que la Corte revise la reforma quedaría cerrada.
“Nos hizo esperar hasta el último día, justo cuando el plazo ya estaba por vencer. Esto no es solo una omisión, es un acto que limita el acceso a la justicia de los ciudadanos potosinos. Su respuesta fue incongruente con lo que solicitamos, y creemos que fue un intento deliberado de evitarnos la oportunidad de defender nuestros derechos”, comentó una de las peticionarias.
Para los ciudadanos, la negativa de la presidenta a actuar no solo refleja una falta de independencia, sino también una omisión en el cumplimiento de su deber constitucional, ya que insistía en pedir opinión de otras comisiones de derechos humanos en el país, lo que consideraron que terminaría siendo una acción política.
“La presidenta no tiene que pedir autorización a otros órganos de derechos humanos para tomar decisiones. Es un órgano autónomo y su función es proteger los derechos de los ciudadanos, no demorar su respuesta ni eludir su responsabilidad”.
Con el vencimiento del plazo para presentar la acción ante la SCJN, los ciudadanos han quedado sin la única vía legal para que la Corte revise la reforma judicial. Ante esta situación, los peticionarios evalúan sus opciones, y una de ellas es promover un juicio político contra la presidenta Argüelles Moreno por su inacción.
“Podríamos promover amparo en contra de la omisión de la presidenta, pero ya no tendría ningún efecto práctico porque finalmente el acto se consuma cuando ella nos da respuesta el día de hoy, cuando ya estamos a nada (…). Aquí lo único podría ser interponer juicio político porque consideramos que la presidenta fue omisa en realizar el mandato constitucional, el cual es fundar y motivar sus determinaciones”.
El juicio político sería una medida drástica, pero los ciudadanos aseguran que es necesaria para que las autoridades rindan cuentas y se garantice el cumplimiento de sus obligaciones.
Para dar este paso, han solicitado copias certificadas y la versión estenográfica de la sesión extraordinaria del 2 de octubre, donde se acordó el exhorto a la presidenta. Sin embargo, el acceso a esta información también ha sido un obstáculo, por lo que se preparan en caso de no recibir los datos requeridos.
“Eso que hacen es una una herramienta para no revelar lo que se discute en las sesiones, creo que no nos la van a querer dar o nos lo van a dar hasta el último día de la presidenta porque es una táctica constante que han utilizado para protegerse o proteger más bien a la presidenta, que es quien no tiene argumentos jurídicos”, advirtieron.
Este episodio ha generado un ambiente de tensión en la relación entre la sociedad civil y las autoridades de derechos humanos en San Luis Potosí, planteando serias dudas sobre la capacidad de la CEDH para cumplir con su mandato de proteger los derechos fundamentales de la población.
El grupo de ciudadanos que presentó la solicitud de inconstitucionalidad considera que la falta de independencia y la omisión de la presidenta no solo pone en riesgo sus derechos, sino también la confianza de la sociedad en las instituciones que deberían salvaguardarlos.
“Es verdaderamente decepcionante la forma en la que se conduce la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la licenciada María Julia Díaz de León, que es la secretaria técnica del consejo, porque son acciones completamente dolosas para negar el acceso a los derechos de los ciudadanos. Creo que están actuando de forma contraria a lo que son sus obligaciones”.
