Estela Ambriz Delgado
El hecho de que la Fiscalía General del Estado pretenda deslindarse del ecocidio en el Área Natural Protegida (ANP) Sótano de las Golondrinas, causado por grupo Vidanta, evidencia que la titular, Manuela García Cazares, no tiene el control y desconoce los casos más relevantes, y demuestra que se encubre a funcionarios implicados de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), considera la abogada Rosa María Balvanera Luviano.
La representante de Barrio Unión de Guadalupe de la comunidad tének de Tamapatz, Aquismón, dijo que es desafortunado que García Cázares afirme que la FGE no tiene ninguna denuncia ni tampoco competencia en el caso del ecocidio, pues lo único que demuestra es que no tiene el control y que desconoce los casos relevantes de la Fiscalía, por lo que cuestionó realmente quién la dirige.
Asimismo, expresó que le extraña la declaración de la fiscal porque pusieron la denuncia el día siguiente de los hechos sucedidos el 6 de mayo, cuando todavía los pilotos y tripulación pudieron haber sido detenidos en flagrancia. Sin embargo, desde la Fiscalía se dio la orden para dejarlos ir, en lugar de prestarles el apoyo a la comunidad.
“Me apena mucho que la fiscal haga ese tipo de comentarios, cuando yo misma fui a buscarla para pedir su apoyo para que se empezara a actuar en la carpeta, y la única respuesta que recibí por parte de su secretaria fue que ellos se comunicaban conmigo si tenían alguna duda con respecto al caso”.
La abogada reiteró que la denuncia fue presentada en la FGE inclusive en presencia de personal del área jurídica de la Segam, la primera instancia a la que se recurrió, e inclusive se hizo un acuerdo con la Secretaría General de Gobierno tras la manifestación de habitantes del barrio de que la carpeta se iba a llevar en San Luis Potosí, y lo primero que hicieron fue “esconderla” en Aquismón.
En este sentido, Balvanera Luviano señaló que si la funcionaria tuviera un poco más de contacto con sus directores, quizá pudiera preguntar al licenciado Cristian Michel, delegado de la zona Huasteca de las diferentes fiscalías de los municipios, quien tiene conocimiento del caso, además de que hace aproximadamente un mes les dijo que, por la cantidad de funcionarios públicos involucrados, se regresaría la carpeta a la FGE a una mesa especializada de delitos de servidores públicos.
“Entonces lo único que me queda claro es que están haciendo todo lo posible de actuar como tapaderas entre ellos. Es una pena que la señora no esté enterada de sus responsabilidades y desconozca que hay temas ambientales que corresponden al estado y ella debe verlos en conjunto con Segam, sino esa Secretaría aparte de inoperante no tendría ninguna razón de ser (…) quizás la señora, aunque acaba de llegar al cargo, llegó con demasiados compromisos con los funcionarios públicos”.
