Continúa el paro del Poder Judicial Federal en SLP

Fernanda Durán

Los trabajadores del Poder Judicial en San Luis Potosí paralizaron por completo sus labores este 15 de octubre, incluyendo los juzgados de distrito, los tribunales colegiados del Noveno Circuito y el Consejo de la Judicatura Federal. La medida afecta todas las actividades judiciales, salvo aquellas que impliquen riesgos directos a la vida y la integridad de las personas.

El paro, que se enmarca en una serie de movilizaciones a nivel nacional, continúa en respuesta a lo que los trabajadores consideran un desdén por parte del Gobierno Federal y del Poder Legislativo, tras los recientes eventos en el Senado de la República.

En una manifestación realizada el lunes 14 y martes 15 de octubre, alrededor de 50 trabajadores se trasladaron en un autobús a la Ciudad de México, donde expresaron su protesta frente a Palacio Nacional.

Roberto Vega Turribiartes, representante de circuito del Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, aclaró que aunque los jueces y magistrados decidieron levantar la suspensión de labores desde este 16 de octubre, los trabajadores del Poder Judicial han decidido continuar con el paro.

“La votación a nivel nacional de los trabajadores fue clara, y prácticamente en todo el país se decidió continuar con la suspensión de labores”, afirmó Vega.

El día de ayer, en San Luis Potosí se realizó un paro total de actividades con la decisión de cerrar el edificio Palmira, sede de las labores judiciales, medida que incluyó la suspensión de asuntos urgentes, salvo aquellos que implican un riesgo inminente para la vida de las personas.

Hoy, el paro fue reducido a nivel parcial, aunque las actividades judiciales continúan suspendidas en gran medida. La suspensión se mantendrá hasta que se logren avances significativos en las negociaciones con el Consejo de la Judicatura Federal, que hasta ahora ha mostrado poco interés en escuchar las demandas del personal judicial.

“Derivado de eso es que los órganos jurisdiccionales siguen sin poder trabajar normalmente, porque aún cuando los juzgadores ya decidieron levantar el paro no tienen, no cuentan con trabajadores, por lo tanto continúa la suspensión parcial”.

El paro comenzó como una respuesta al descontento generado por las recientes decisiones legislativas, especialmente la ejecución de una reforma constitucional relacionada con el Poder Judicial que, según los trabajadores, los descalifica y afecta directamente en sus derechos laborales y condiciones de trabajo.

Vega Turribiartes subrayó que el movimiento de los trabajadores es independiente y no está alineado con los jueces y magistrados, quienes han actuado por su cuenta.

Sin embargo, los trabajadores han mantenido su postura en apoyo a los titulares del Poder Judicial, especialmente tras lo ocurrido el pasado sábado en el Senado, cuando los jueces y magistrados fueron exhibidos de manera que consideran “despreciable”.

La protesta se enmarca en un contexto más amplio en el que los trabajadores señalan incertidumbre sobre la reforma judicial y las condiciones laborales del personal del Poder Judicial. A pesar de los esfuerzos de los trabajadores por lograr un diálogo con el Gobierno Federal y el Congreso de la Unión, no han obtenido respuesta favorable.

Por ahora, los trabajadores judiciales en San Luis Potosí seguirán con la suspensión parcial de actividades. En palabras de Vega, “la suspensión es indefinida” y se mantendrá hasta que haya avances significativos en las negociaciones con el Consejo de la Judicatura Federal, a pesar de que tanto el Ejecutivo como los legisladores han optado por ignorar sus demandas.

Se espera que las negociaciones continúen en los próximos días, con la posibilidad de que se intensifiquen las protestas si no se alcanzan acuerdos. El conflicto, de no resolverse, podría prolongarse y afectar aún más la ya de por sí saturada agenda judicial del país.

Actualmente, los cerca de 700 trabajadores que conforman el circuito judicial de San Luis Potosí se mantienen firmes en su postura, a la espera de una solución que garantice sus derechos y mejores condiciones laborales.

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