Por Victoriano Martínez
Las comparecencias de los funcionarios públicos para ampliar y aclarar los datos aportados en los informes de gobierno, desde siempre, se convirtieron en una exhibición de logros ante diputados comparsas, salvo escasísimas excepciones que han intentado hacer cuestionamientos reales sin lograr resultados.
Tanto han renunciado los legisladores a su derecho de cuestionar como auténticos representantes populares, es decir, a nombre de la sociedad, que más parece que se apuntan para hacer preguntas que faciliten el lucimiento del compareciente o, peor aún, vergonzosas exhibiciones de zalamería.
¡Qué bien se ve Señor Gobernador en esa tribuna!, le dijo el diputado priísta Manuel Medellín Milán a Marcelo de los Santos Fraga cuando compareció el 12 de octubre de 2005 ante el Pleno del Congreso del Estado con motivo de su primer informe de gobierno.
Fue la única comparecencia del exmandatario panista porque después de aquella optó por enviar a sus funcionarios. No se sabe si fue para ya no exponerse a las dos o tres preguntas que le resultaron incómodas o por no volver a pasar el ridículo de aquella excesiva zalamería.
“Le quiero decir a usted que como servidora pública está obligada a responder lo que a su juicio considere, no para satisfacer necesariamente la respuesta que el diputado pretende”, le dijo este martes el diputado Héctor Serrano Cortés (minuto 1:50:20) a Ariana García Vidal, secretaria de Finanzas, al comparecer con motivo del tercer informe de gobierno.
El presidente de la Junta de Coordinación Política no sólo la liberó de su obligación de responder a los cuestionamientos de los diputados, sino que cerró su intervención con una felicitación a la funcionaria por su capacidad y le refrendó el respaldo de los diputados del PVEM y del PT.
“Lo que más quiero destacar es la forma en la que usted se ha empapado en estos cuarenta días, yo lo vería en sentido positivo, para entender todo un proceso administrativo y financiero, pues la felicito porque (…) tiene usted una capacidad extraordinaria para la interpretación de lo que es el trabajo que hoy realiza, por ello la felicito nuevamente”, le dijo.
Una postura cuyo respaldo natural sería una iniciativa para modificar o eliminar el artículo 141 del renovado Reglamento del Congreso del Estado que apenas entró en vigor el pasado 13 de septiembre.
En la primera parte, ese artículo dice que las comparecencias son “para demandar explicaciones, justificar lo realizado, precisar datos, argumentar posiciones, aclarar equívocos, analizar la situación que guarda la institución pública a su cargo, y rendir cuentas”.
¿Qué sentido tiene si a quien comparezca se le da el derecho de responder lo que considere y de atender las preguntas “no para satisfacer necesariamente la respuesta que el diputado pretende”?
Una recomendación que anula la segunda parte de ese artículo: “los legisladores tienen plena libertad de formular, preguntas, dudas, interpelaciones, y requerimientos de información, sobre temas concretos; la política gubernamental; o de cualquier otro asunto de interés público y, en general, de la materia que se trate”.
Si quien comparezca no tiene por qué satisfacer los cuestionamientos, ¿ya para que le preguntan? Es más, ¿ya para qué tanta faramalla de comparecencias? Mejor que se modifique por completo el artículo y se establezca que se les invitará, con motivo del informe, a una pasarela de aplausos, felicitaciones y halagos.
Sería más genuino y no la hipocresía de comparecencias que ni explican, ni justifican lo realizado, ni precisan datos, ni argumentan posiciones, ni aclaran equívocos, ni analizan la situación, ni mucho menos rinden cuentas.
Porque finalmente el señalamiento, sin consecuencias, de la diputada Jessica Gabriela López Torres en el sentido de que no clarificó sus dudas “y habremos de seguir buscando la respuesta” describe la realidad de un gobierno fincado en la opacidad: de la autoridad no se puede esperar una verdadera rendición de cuentas.
