Abelardo Medellín
El proceso de entrega – recepción en los municipios de San Vicente Tancuayalab, Axtla de Terrazas, Cedral y Villa de Pozos ha revelado irregularidades financieras, de acuerdo con el titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Joaquín Lecourtois López.
A través de un comunicado, el titular del IFSE informó que algunas de las irregularidades más graves se encontraron en el municipio de San Vicente Tancuayalab.
De acuerdo con la información oficial, en el municipio gobernado el pasado trienio por Jesús Soni Bulos, se reportó que los exfuncionarios formatearon los equipos de cómputo y dejaron a las nuevas autoridades sin acceso a información crucial para la operación administrativa, incluyendo el pago de nómina.
Ante esta situación, Lecourtois López destacó que corresponde a la Contraloría Interna iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa y, de ser necesario, presentar las denuncias contra las autoridades involucradas.
“Los actuales funcionarios se acercaron a nosotros y les dimos un respaldo de la información que resguardamos, con el fin de que tuvieran los elementos mínimos para operar”, reveló Rodrigo Lecourtois sobre este caso.
Respecto a Axtla de Terrazas, el expresidente municipal Gregorio Cruz no cumplió con el proceso de entrega – recepción y, presuntamente, sustrajo documentos tanto físicos como digitales.
Esta información sobre el municipio de la Huasteca confirma los dichos del titular del IFSE, quien hace una semana señaló que la revisión del estado actual de los municipios reveló que en Axtla de Terrazas la administración saliente no dejó dinero ni para pagar nómina.
El IFSE informó que en el ámbito de la obra pública se detectaron obras pagadas y no ejecutadas, y en lo relativo a apoyos sociales, falta de padrón de beneficiarios y presunción de falsificación de este, lo que se amplifica a alrededor del 40 por ciento de los ayuntamientos y podría actualizar la existencia de desvío de recursos en estos municipios.
Otras irregularidades detectadas incluyen la falta de formatos, entregas tardías y el saqueo de mobiliario y equipo, los cuales deberán ser atendidos por el órgano interno de control correspondiente.
Además, se informó que las autoridades entrantes aún están a tiempo de notificar anomalías a sus Contralorías Internas, en el marco del plazo legal de 30 días hábiles tras el Acto Protocolario.
Dentro del comunicado publicado por el IFSE no se hizo mención de las presuntas anomalías detectadas en los municipios de Cedral en el Altiplano potosino o el municipio de Villa de Pozos, que recibió una administración completamente nueva.
