Por Victoriano Martínez
Entre la información que todas las dependencias públicas (sujetos obligados por la ley) deben difundir de manera obligatoria, permanente y actualizada a través de Internet, sin que medie solicitud de acceso, la que tiene que ver con el uso de los recursos públicos representa uno de los mejores indicadores de la voluntad de transparencia de los funcionarios.
Como indicador, tiene la ventaja de que se trata de datos que se expresan en cifras específicas en las que los ingresos y los egresos deben coincidir, en tanto que su discrepancia muestra el grado de opacidad de una administración o, en caso de que se reporten más egresos que ingresos, la duda razonable en cuanto a la eficiencia administrativa.
La fracción IV del artículo 84 de la Ley de Transparencia estatal obliga a los sujetos obligados a publicar “la información de los movimientos de ingresos y egresos, que deberán contener, en el caso de egresos, el monto, beneficiario, concepto, fecha, folio, institución bancaria y funcionario que lo autoriza. En el caso de ingresos, el número de entero, monto, concepto, contribuyente y fecha”.
Por sentido común, el monto de los ingresos tendría que coincidir al final del ejercicio fiscal con los egresos o, en todo caso, existir diferencias mínimas, bien porque se hayan dejado recursos sin ejercer o, en casos excepcionales, por algunas cuentas pendientes por pagar.
El cierre del tercer trimestre del año representa un periodo en el que es posible hacer un ejercicio, a manera de corte trimestral, sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los principales sujetos obligados: los tres poderes.
El Poder Ejecutivo concentra los ingresos del presupuesto total del Estado a través de la Secretaría de Finanzas, que capta las participaciones federales y los ingresos propios que, según la Ley de Ingresos del Estado, al cierre de año se estima que obtendrá 63 mil 400 millones 596 mil 268 pesos, que se aplican en el Presupuesto de Egresos.
Para el caso los poderes Judicial y Legislativo, sus presupuestos de egresos se determinaron en mil 321 millones 503mil 83 pesos para el primero, y 310 millones de pesos para el segundo.
De acuerdo con los ingresos reportados por el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas, de enero a septiembre ha recibido, tanto de participaciones como de ingresos propios, un total de 45 mil 846 millones 972 mil 428.47 pesos, es decir, ha recibido el 71.3 por ciento de lo que se programó para todo el año.
No obstante, el Ejecutivo sólo reporta como egresos 10 mil 116 millones 416 mil 119.87 pesos que representan apenas el 20.07 por ciento de los recursos ejercidos durante esos nueve meses. En otras palabras, al no reportar los egresos, oculta el destino de 35 mil 730 millones 559 mil 308.60 pesos y, en consecuencia, viola la Ley de Transparencia.
Un ocultamiento sobre el uso del 79.93 por ciento los recursos que ha recibido, sin contar las imprecisiones en los conceptos de los egresos que si reporta, que constituyen una trampa de opacidad adicional.
En el caso del Poder Judicial, durante los tres primeros trimestres del año reportó ingresos por 947 millones 467 mil 522 pesos, en tanto que como egresos sólo reportó 535 millones 984 mil 431 pesos. Ocultó el destino de 411 millones 483 mil 90.70 pesos, que representan el 43.43 por ciento.
El Poder Legislativo es el que mayor porcentaje de egresos reporta: tuvo ingresos en los primeros nueve meses por 216 millones 477 mil 259.79 pesos en tanto que egresos por 212 millones 942 mil 615.45 pesos. Ocultó el destino de 3 millones 534 mil 644.34 pesos, que representan el 1.63 por ciento, que podría considerarse un margen propio de la etapa en la que va el ejercicio fiscal.
En los tres casos, los conceptos que se le asignan tanto a los ingresos como a los egresos son descripciones generales muy poco claros sobre el destino preciso de los recursos y, sobre todo, su justificación.
Como indicador de la voluntad de transparencia, lo que deja expuesto ese primer acercamiento a dos rubros de los más de 80 que deben publicar en la Plataforma Estatal de Transparencia es el alto nivel de opacidad, especialmente de los poderes Ejecutivo y Judicial.
Que el Ejecutivo pueda ocultar el uso de más de tres de cada cuatro pesos que recibe, y el Judicial más de cuatro de cada diez, en clara violación a la Ley y sin consecuencias, deja ver otra situación bastante grave para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública: la condición de tapadera de la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública.
