Abelardo Medellín
El proyecto de sentencia que propone invalidar la reforma al Poder Judicial, mismo que se discutirá este 5 de noviembre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es una buena oportunidad para que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tenga una “salida” de esta reforma que ella no propuso, afirmó el maestro en Derecho Constitucional y Amparo, Jorge Chessal Palau.
El especialista comentó que el proyecto que se podría votar este martes 5 de noviembre serviría al Ejecutivo del Estado mexicano para que las cosas vuelvan a un cause razonable y al mismo tiempo se atiendan y dejen a salvo cambios constitucionales promovidos por la presidenta y el bloque oficialista en las cámaras:
“Se dejan a salvo varias de las reformas planteadas, como es la del Tribunal de Disciplina, la Comisión de Administración, la elección por voto popular de los ministros de la Corte, en fin, ese tipo de cosas. Lo que hace el proyecto es que invalida lo que tiene que ver con la elección popular de jueces y magistrados (…) me parece que es una moneda de cambio que políticamente le favorece a Claudia, sobre todo en una reforma que no planteó ella, que le ha generado muchos problemas a ella, pero que además parece imposible llevarse adelante en la práctica”.
Al margen de su comentario, Chessal Palau explicó que, de acuerdo con la información oficial, la elección de jueces y magistrados podría tener un costo al erario superior a los 13 mil millones de pesos y para su realización se necesitarían jornadas de votación de más de un día.
El especialista comentó además que el proyecto que se discutiría mañana en la SCJN, aunque requiere de una interpretación jurídica, no deja de ser un tema político.
“¿Por qué se está dejando el tema de la elección de Ministros y se pretende quitar la de jueces y magistrados? Porque el propio proyecto reconoce y dice: ‘no podríamos los ministros pronunciarnos sobre la elección de los ministros, porque tenemos interés’, y entonces están dejando a salvo esa parte al decir ‘la decisión que tomáramos estaríamos en un conflicto de intereses’ refiriéndonos al caso de los ministros. En el caso de jueces y magistrados creemos que no se debe dar la elección popular, por esto entonces me parece que es una posición jurídica que da una solución política”.
Chessal Palau también explicó el por qué la recién aprobada reforma de “supremacía constitucional” de Morena y sus aliados en las cámaras no podría detener la discusión, aprobación y aplicación del proyecto de sentencia que corre a cargo del ministro Juan Luis Alcántara Carrancá.
De acuerdo con el maestro en Derecho Constitucional, el trámite de una acción de inconstitucionalidad tiene un cause relativamente sencillo que inicia con su presentación ante la SCJN, quien luego pide informes a las autoridades involucradas, pone el expediente a la vista de las partes, estos formulan alegatos y luego de agotar el plazo, se da por terminado el procedimiento y se comienza a elaborar el procedimiento de sentencia.
Tras este proceso, tanto el Congreso de la Unión como el Poder Ejecutivo tienen la facultad de pedirle a la Suprema Corte que resuelva como urgente alguna acción o controversia constitucional cuando sean de interés público, condición que se dio en este caso, pues fue el propio presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien solicitó que se resolviera como urgente.
“Por esa razón el trámite terminó el 30 de octubre, la reforma de Supremacía Constitucional se publicó el 31, es decir, cuando el trámite ya había terminado y el segundo transitorio de la reforma de Supremacía Constitucional dice que los procedimientos en trámite deberán de resolverse conforme a ese decreto, pero este ya no estaba en trámite, ya había terminado su trámite, ya no había procedimiento. Si hubiera querido el Congreso de la Unión haber cerrado toda posibilidad no debieron de haber puesto que ‘se encuentren en trámite’, la usaron y con esto dejaron abierta la posibilidad y el mismo senador Fernández Noroña pidió que se resolviera como urgente”.
Chessal Palau comentó que aún no hay certeza de si el proyecto de sentencia podría detener el cause que ya tiene la reforma al Poder Judicial, pues aún se debe esperar a ver si, en el caso de aprobarse, los poderes, y en especial el Ejecutivo, están dispuesto a acatarlo.
“Si el proyecto es aprobado y la sentencia es obedecida, entonces se puede resolver en la crisis que tenemos actualmente en México, pero si el proyecto es aprobado y el Congreso de la Unión se decide a no acatarlo, o la presidenta de la República se decide a no acatarlo, estaríamos de lleno en un conflicto constitucional como nunca lo hemos tenido”, refirió.
